Por la existencia de dudas en la redacción del articulado, la Sala acordó que la Comisión de Medio Ambiente realice un nuevo informe que deberá estar listo antes del próximo martes 03 de abril.
Comisión de Medio Ambiente deberá precisar alcances del proyecto que limita beneficios de iniciativas ambientales.
Por la existencia de dudas en la redacción del articulado, la Sala acordó que la Comisión de Medio Ambiente realice un nuevo informe que deberá estar listo antes del próximo martes 03 de abril.
A raíz de las inquietudes surgidas transversalmente entre los senadores, sobre los alcances del proyecto que limita los beneficios de iniciativas sometidas al Sistema de Evaluación, la Sala del Senado acordó por unanimidad que la Comisión de Medio Ambiente redacte un nuevo informe antes del 03 de abril.
Cabe recordar, que la iniciativa que fue iniciada en una moción por los senadores Juan Pablo Letelier, Isabel Allende, Guido Girardi y José Antonio Gómez, tiene como finalidad impedir que los interesados, que buscan la ratificación de una iniciativa ambiental, realicen promesas, ofrecimientos, presentes o actividades en beneficio económico de terceros, con el objeto de influenciar la decisión de la autoridad competente.
Durante la sesión intervinieron los senadores Soledad Alvear, Isabel Allende, Juan Pablo Letelier, Alejandro Navarro, Baldo Prokurica, Carlos Larraín, Fulvio Rossi, Eugenio Tuma, Jorge Pizarro, Alberto Espina, Alejandro García-Huidobro, Hosaín Sabag, José García Ruminot, Andrés Zaldívar, Mariano Ruiz-Esquide, Ricardo Lagos Weber, Carlos Kuschel, Juan Antonio Coloma y Jovino Novoa.
La senadora Soledad Alvear, señaló que “el proyecto responde al lobby que realizan algunas empresas en las comunas afectadas donde se buscan llevar adelante las iniciativas que serán sometidas a una evaluación de impacto ambiental”.
La senadora Allende enfatizó que “me parece importante que exista más transparencia para quienes proponen un proyecto informen a la autoridad ambiental adecuada si ha convenido algún acuerdo u ofrecimiento a la comunidad. En caso de existir dichos acuerdos, éstos no podrán ser vinculantes para la calificación del proyecto”.
El senador Letelier, criticó la iniciativa legal porque no regularía la publicidad de quienes proponen un proyecto que será sometido a evaluación ambiental y recordó los spots publicitarios a favor de Hidroaysén que fueron difundidos en el Festival de Viña del Mar. También, lamentó que el proyecto, que busca prohibir y sancionar la publicidad o tráfico de influencias (“cohecho”), haya sido modificado en la Comisión de Medio Ambiente, porque a su juicio se distorcionó totalmente el sentido del texto legal.
El senador Navarro destacó que el proyecto “es un pequeño paso para la regulación de las empresas que buscan la ratificación de una iniciativa ambiental, pero lo que falta es abordar en profundad cómo se realiza dicha evaluación por parte de las autoridades competentes”.
El senador Prokurica expresó que “ésta es una buena iniciativa que avanza en el tema de la transparencia que deben tener las empresas, porque deberán informar a las autoridades correspondientes, los que están aportando a la comunidad antes o durante de la evaluación de proyectos con impacto ambiental”.
El senador Larraín Peña indicó que el proyecto “busca cierta simetría entre la situación de los proponentes y oponentes al proyecto que se someterán a evaluación ambiental, debido a que ambos deberán informar a la autoridad respectiva de los beneficios y acuerdos con la comunidad”. Asimismo, el parlamentario respaldó que las empresas proponentes realicen publicidad para dar a conocer a la comunidad las ventajas del proyecto.
El senador Rossi, compartió la necesidad regular los conflictos de intereses y lobby de quienes proponen y se oponen a un proyecto. También dijo que “la relación entre la comunidad organizada y la empresa es tremendamente asimétrica, en especial, desde el punto de vista del manejo y acceso a la información”.
El senador Tuma recordó que “el proyecto que tenía una orientación de impedir cualquier acción por parte de los proponentes a la comunidad, no obstante, sólo busca la transparencia de la información y no regula este desequilibrio. En ese sentido el rol del Estado, en especial, del Servicio de Evaluación Ambiental es muy importante y es necesario que difunda también a la comunidad los efectos negativos que podría tener un proyecto sometido a evaluación ambiental”.
El senador Pizarro manifestó que “es positivo transparentar toda acción de convencimiento por parte de los proponentes con el fin que exista una mirada más positiva por parte la comunidad. No obstante, es necesario complementar la iniciativa legal con la regulación de la publicidad de quienes están a favor o en contra del proyecto, los ciudadanos tienen derecho a conocer de dónde viene el financiamiento”.
El senador Espina expresó que hay dudas en la redacción en la iniciativa legal porque no establecería claramente las atribuciones de los proponentes y oponentes. También indicó que la iniciativa no obligaría transparentar de donde proviene el financiamiento de organizaciones que se oponen los proyectos que serán sometidos a evaluación ambiental.
El senador García Huidobro, dijo que “el proyecto va en el camino correcto en equilibrar la transparencia de quienes proponen un proyecto y quienes se oponen. Con esta iniciativa las empresas del Estado deberán dar el ejemplo porque durante años han ejercido el lobby”.
El senador Sabag puntualizó la necesidad de realizar modificaciones al proyecto, porque se debería también regular la publicidad que hacen las empresas para difundir a la comunidad los alcances positivos de sus iniciativas. Asimismo, señaló que se debe regular la labor que efectúan profesionales y empresas dedicadas a promover la oposición de los proyectos y convencer a las comunidades.
El senador García Ruminot manifestó también sus inquietudes en la redacción del proyecto y solicitó que sea remitido a la Comisión de Medio Ambiente para su revisión. El parlamentario dijo que el actual articulado define de mejor forma la obligación de los proponentes de informar a la autoridad ambiental si han establecido, antes o durante el proceso de evaluación, negociaciones con los interesados con el objeto de acordar medidas de compensación o mitigación ambiental.
El senador Zaldívar manifestó que “lo que busca este proyecto es impedir el tráfico de influencias influya en la decisión de la institución ambiental, que están que decidirá a favor o en contra del proyecto que será evaluado. Sin embargo, se debe que introducir la regulación de la publicidad; hay empresas que se oponen a un determinado proyecto, y lo hacen a través de fundaciones que dicen estar en contra”.
El senador Ruiz-Esquide señaló que ”en Chile está cada día es más propenso a la interferencia inadecuada, usos de recursos en forma maliciosa, porque existe más capital en el mercado, de ahí la importancia de su regulación. El proyecto es sólo un avance con respecto a la transparencia de la información que deben dar a conocer los proponentes de un proyecto cuando ofrezcan beneficios a la comunidad”.
El senador Lagos Weber destacó que la iniciativa incorpora también a los oponentes de los proyectos que serán sometidos a evaluación ambiental y señaló la importancia de regular intermediarios, vinculados a temas públicos, quienes ofrecen a las empresas conceder mitigaciones a la comunidad y posteriormente, cobrar por los servicios prestados.
El senador Kuschel dijo que “me parece bien que se exija más información a los proponentes y oponentes. A pesar que la Región de Los Lagos, del cual represento, se presentan una gran cantidad de proyectos sujetos a evaluación ambiental, lamentablemente el Tribunal Ambiental funciona en Valdivia y deja a trasmano a las demás regiones del sur de Chile”.
El senador Coloma aseguró que “el proyecto amplía la norma y establece la misma obligación a quienes están a favor o en contra de una iniciativa que será sometida a una evaluación ambiental; también instaura con más claridad el hecho que haya mitigación de compensaciones a las comunidades locales”.
El senador Novoa se mostró en contra que se incorpore en el texto legal la regulación de la publicidad de quienes están favor o en contra de los proyectos que serán sometidos a evaluación ambiental. El parlamentario argumentó que existen normativas suficientes que regulan la publicidad.
Fuente: Senado
Proyecto de Ley que Crea el Tribunal Ambiental (6747-12)
Resumen
El proyecto de ley (Boletín N° 6747-12) contempla la creación de un Tribunal Ambiental único, inspirado en el modelo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia; ubicado en Santiago; integrado por jueces abogados y profesionales de las ciencias y la economía; con competencias que dicen relación con las instituciones de la materia recientemente creadas, y con las acciones de la Ley 19.300; y un procedimiento escrito que incluye la posibilidad de llamar a las partes a conciliación según el criterio de los jueces.
Lo más rescatable del proyecto parecen ser las competencias radicadas, la legitimación activa para intervenir ante el tribunal, y la previsión de medidas cautelares amplias.
Proyecto de Ley en Materia de Fiscalización Ambiental (7213-12)
Resumen
El pasado 14 de septiembre ingresó al Senado este proyecto de ley, con que el Ejecutivo busca llenar el vacío en materia de fiscalización ambiental que se presentará entre la supresión de la CONAMA y la implementación de los Tribunales Ambientales. Esto, ya que la Superintendencia del Medio Ambiente está impedida por ley de ejercer sus funciones fiscalizadoras y de imponer sanciones mientras no se encuentre operativa la nueva justicia ambiental especializada (los Tribunales Ambientales). Con el proyecto se pretende radicar, transitoriamente, la fiscalización ambiental en los organismos sectoriales que intervengan en el proceso de evaluación ambiental correspondiente; y, la determinación de las sanciones, en la Comisión a que alude el art. 86 inciso 1° de la Ley N° 19.300 (modificada por la Ley N° 20.417).
Proyecto de Ley que Refuerza Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (7172-12)
Resumen
El proyecto consiste en una reforma a la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente (Ley 19.300), con el objetivo de prohibir el desarrollo de actividades o proyectos (listados en el Artículo 10) con impacto ambiental en: Parques y Reservas Nacionales, Monumentos Naturales, Santuarios de la Naturaleza, Parques o Reservas Marinas, Humedales Protegidos o Glaciares; además de cualquier otra área bajo protección oficial y zonas o áreas aledañas de alto valor ambiental.
Proyecto de Ley que modifica el Artículo 19 N°25 de la Constitución (7181-07)
Resumen
La modificación del artículo 19 N°25 de la Constitución tiene como objetivo añadir el inciso siguiente “Es deber primordial del Estado, proteger y resguardar el patrimonio cultural y natural de la nación”. Originalmente, este artículo de la Constitución chilena afirma la libertad de producción y difusión artística. Esta modificación se entiende en la línea directriz de protección de la cultura y de la naturaleza, promovida por la UNESCO, dentro de la promoción y producción de la cultura y de las artes.
Proyecto de Ley que Establece el Derecho Real de Conservación (5823-07)
Resumen
Este proyecto se orienta al reconocimiento de las iniciativas de conservación privadas por parte de la política pública, dado que las áreas protegidas privadas han evidenciado un incremento en el país desde comienzos de los años 1990, pero aún no existe ningún instrumento público que las acoja. Este vacío, de acuerdo a diversas organizaciones de la sociedad civil, se puede llenar mediante el derecho real de conservación.
Proyecto de Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública (3562-06)
Resumen
Fundado sobre el “principio de asociación” que se encuentran en el número 15 del artículo 19 de la Constitución, este proyecto de ley busca profundizar este principio junto al “principio de participación”. Desarrollando un marco legal común y mínimo a todas las asociaciones que no se benefician de un estatus específico, el proyecto busca incentivar la participación de ellas en las decisiones públicas. El desarrollo de este marco normativo pretende eliminar el vacío legal existente en torno de la actividad asociativa.
Proyecto de Ley que regula Derechos sobre Obtenciones Vegetales (6355-01)
Resumen
Este proyecto de ley, iniciado en Mensaje, deroga la Ley Nº 19.342, regulando e incentivando los conocimientos en torno a las nuevas variedades vegetales. Busca fomentar el acceso a estas nuevas variedades vegetales, que se encuentran a nivel internacional, e incentivar su desarrollo y producción en Chile. Este proyecto se orienta a adecuar las normas chilenas a los estándares del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (1991) de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, de la cual Chile es miembro desde 1996.
Proyecto de Ley sobre Vegetales Genéticamente Modificados (4690-01)
Resumen
Este proyecto de ley promueve el cultivo y comercialización nacional de vegetales genéticamente modificados (GM), y fomenta la expansión de éstos en Chile. Sin embargo, no aumenta la capacidad técnica y de fiscalización y tampoco asegura el etiquetado de alimentos transgénicos. En general no responde a las necesidades de nuestro país, es un proyecto netamente empresarial. Debiera modificarse ostensiblemente o retirarse.
Proyecto de Ley que Prohibe Internación de Semillas Genéticamente Modificadas (4787-01)
Resumen y Por Qué Nos Importa
Este proyecto debería aprobarse, pues la Convención de la Diversidad Biológica, de la cual Chile es signatario, ha establecido una moratoria al uso de semillas “Terminator” hasta que se tenga evidencia científica suficiente que demuestre que no tendrán impactos negativos en el medio ambiente.
