EMPATE EN VOTACION DE SENADORES SOBRE INDICACIÓN DEL GOBIERNO QUE EXCEPTÚA DE CAUDAL ECOLÓGICO RETROACTIVO A CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DENTRO DE ÁREAS PROTEGIDAS

EMPATE EN VOTACION DE SENADORES SOBRE INDICACIÓN DEL GOBIERNO QUE EXCEPTÚA DE CAUDAL ECOLÓGICO RETROACTIVO A CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DENTRO DE ÁREAS PROTEGIDAS

PDF Minuta Sesión 77: EMPATE EN VOTACIÓN DE SENADORES SOBRE INDICACIÓN DEL GOBIERNO QUE EXCEPTÚA DE CAUDAL ECOLÓGICO RETROACTIVO A CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DENTRO DE ÁREAS PROTEGIDAS

La Comisión de Recursos Hídricos estableció caudales ecológicos retroactivos a derechos de aguas en áreas protegidas y sitios prioritarios, obras mayores y en caso de cambios de puntos de captación. No se resolvió exceptuar de dicha norma a las pequeñas centrales hidroeléctricas en áreas protegidas.

Se retomó la discusión de las indicaciones del Ejecutivo al artículo 129 bis 1 sobre caudal ecológico mínimo en aguas superficiales, tema que quedó pendiente la sesión pasada. El Ejecutivo propone eliminar el inciso segundo, que aprobó la Cámara de Diputados para la aplicación de caudales ecológicos a los derechos de agua ya constituidos en áreas degradas, amenazadas y Sitios Prioritarios para la protección de la biodiversidad, el que fue aprobado en general.

El Director de la Dirección General de Aguas (DGA), Carlos Estévez señaló que las áreas amenazadas y degradadas están protegidas en otros artículos y que existe una indicación de los senadores Allende, Muñoz y De’Urresti que apunta a incorporar la exigencia de caudal en los “sitios prioritarios de primera prioridad”, los que se pueden definir en el artículo tercero transitorio, pues corresponden a los 68 sitios identificados por la autoridad ambiental como “espacios de protección oficial”. La propuesta alternativa se aprueba por unanimidad de los presentes.

Luego se discute la indicación del Ejecutivo que propone exceptuar del cumplimiento de caudal ecológico a los derechos de aprovechamiento que se utilicen para centrales hidroeléctricas hasta 20 megawatts. El senador Víctor Pérez consulta a la DGA qué ocurre con quienes tienen derechos y no cumplen ésta categoría, ante lo que Carlos Estévez recuerda que, conforme a la Convención de Washington y al jurisprudencia de la Corte Suprema, los derechos otorgados en estas zonas de protección no se debieron entregar nunca.

Estévez explicó que la DGA tiene un catastro que incluye aproximadamente 110.000 derechos de agua concedidos hasta hoy, de ellos, hay 595 derechos otorgados en áreas protegidas y de estos, 95 no tienen caudal ecológico. En ese contexto, señala, no se propone quitar el derecho entregado, pero si poder aplicarle un caudal ecológico mínimo. Si eso afectara a un titular, eventualmente podría solicitar una indemnización del Estado, pero dependería de cada caso.

La senadora Muñoz afirmó que si se trata de resguardar la actividad hidroeléctrica, ya lo hace la ley 20.257, pero expresa que le parece sensible exceptuar esta actividad económica en un artículo que busca establecer caudales ecológicos en áreas protegidas, materia en la que Chile está muy atrasado a nivel internacional. Ante esto el senador Pizarro indicó que se debe dar una señal de interés en que el recurso hídrico sea un factor importante en la matriz energética del país, por lo que se muestra de acuerdo con la indicación del Ejecutivo y se alinea con la votación del senador Víctor Pérez.

La senadora Allende afirma que no se quiere oponer al desarrollo de la hidroelectricidad, pero que los desarrolladores de estas “pequeñas centrales hidroeléctricas” no corresponden a sectores pequeños ni de subsistencia (como el caso de los agricultores) y que para producir 20 megawatts se requiere una inversión importante. Por lo mismo, sostuvo que no quiere una legislación “con nombre y apellido” para algunos “casos puntuales”. Al argumento el senador de la oposición, Víctor Pérez, afirma que hay una dificultad en determinar quiénes son pequeños productores y quiénes no. La indicación se somete a votación y se produce un doble empate, con lo que queda pendiente la siguiente sesión.

Se prosigue con la votación del inciso final del artículo 129 bis 1, que consagra la atribución de la DGA para establecer un caudal ecológico mínimo en la resolución que autorice el traslado de derechos de aguas superficiales y cuando éstos se aprovechen en obras mayores, identificadas en el artículo 294 del Código. Estévez afirma que la indicación recoge lo que la DGA hace en la práctica en el Sistema  de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El inciso se aprueba por unanimidad.

Continúa la votación con el artículo 129 bis 2, sobre la paralización de obras que se ejecuten en cauces naturales y la prohibición de entregar derechos de agua en Areas Protegidas acreditadas por el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas. La indicación se aprueba por unanimidad, modificando únicamente que mientras no entre en vigencia el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, será el Ministerio del Medio Ambiente el que acreditará aquellas actividades que son compatibles con la preservación de éstas areas en el caso de solicitudes de derechos.

Luego viene el artículo 129 bis 4 sobre el pago de patente de los derechos de aprovechamiento que no se utilicen. El Ejecutivo presentó una indicación solicitando que se mantenga el plazo actual de cinco años para el pago de las patentes con los montos vigentes, antes de proceder a duplicar su monto patente. La indicación se aprueba por unanimidad.

Más adelante en el mismo artículo 129 bis 4, el Ejecutivo pide eliminar un texto que establece que los plazos se contabilizarán a partir del primero de enero de 2006 con la finalidad de dejarlo en la norma transitoria. Se aprueba por unanimidad. Iguales indicaciones, con la misma lógica, se aprueban también por unanimidad para los derechos de agua consuntivos.

Se sigue con la votación de las indicaciones al artículo 129 bis 9, respecto a quienes no pagan patente y bis 12 sobre el procedimiento del remate por este motivo. Además, se agrega un artículo sobre la posible oposición al remate, un procedimiento que había sido eliminado en la Cámara y que el Ejecutivo quiso reponer. Se aprueba la indicación.

A continuación, en ell artículo 129 bis 13, en el marco del remate se discutió la indicación de los senadores Allende, Muñoz, Girardi (PPD), Horvath (IND), Navarro (IND) y De Urresti (PS), quienes proponen agregar un nuevo inciso en el caso de los remates para otorgar al Estado preferencia para la adquisición, total o parcial, de los derechos de agua antes de efectuarse la subasta con el objeto de asegurar las funciones de subsistencia y preservación ecosistémica. Sin embargo, la DGA estima que esta indicación es inadmisible.

Pese a esto, la senadora Muñoz sostiene que es un tema de fondo y que se podría buscar un ajuste en la redacción. El senador Pérez rechaza la idea, respaldado por el senador Pizarro. Estévez reitera la inadmisibilidad de la norma y añade que ya existen herramientas para resguardar la sustentabilidad. Pese a la oposición de los parlamentarios, la senadora Allende insiste en que el fondo de la indicación que es muy relevante, considerando que fija la reserva de aguas que pueden quedar disponibles para nuevos derechos de aprovechamiento, por lo que propone dejarlo pendiente. La presidenta de la Comisión acoge la propuesta y sugiere a la DGA presentar una redacción acogiendo este debate.

Se levanta la sesión y, considerando el feriado del 15 de agosto y la suma urgencia recién puesta al proyecto, se cita a votación hasta total despacho al día siguiente, miércoles 09 de agosto.

Presentes: Adriana Muñoz (PPD) presidenta; Isabel Allende (PS), Jorge Pizarro (DC), Víctor Pérez (UDI) y Carlos Estévez, director de la DGA.