SENADO APRUEBA OBLIGACIÓN DE EMPRESAS MINERAS DE INFORMAR SOBRE AGUAS HALLADAS Y CONDICIONA SU USO A SUSTENTABILIDAD DE LOS ACUÍFEROS Y RESPETO DE DERECHOS EXISTENTES.

SENADO APRUEBA OBLIGACIÓN DE EMPRESAS MINERAS DE INFORMAR SOBRE AGUAS HALLADAS Y CONDICIONA SU USO A SUSTENTABILIDAD DE LOS ACUÍFEROS Y RESPETO DE DERECHOS EXISTENTES.

PDF Minuta 76: SENADO APRUEBA OBLIGACIÓN DE EMPRESAS MINERAS DE INFORMAR SOBRE AGUAS HALLADAS Y CONDICIONA SU USO A SUSTENTABILIDAD DE LOS ACUÍFEROS Y RESPETO DE DERECHOS EXISTENTES.

La Comisión de Recursos Hídricos estableció el deber de los concesionarios mineros de informar a la DGA sobre las aguas halladas en un plazo de 90 días. Se elimina el procedimiento de autorización, pero se impone condiciones de uso a esta agua. Por otro lado, la votacion sobre el establecimiento de caudales ecológicos quedó pendiente para el próximo martes 8 de agosto.

A la sesión asistieron los senadores Víctor Pérez, Adriana Muñoz, e Isabel Allende, integrándose más tarde los senadores Jorge Pizarro y Francisco Chahuán. Al inicio de la sesión, se lee la solicitud del Comité Organizador del Tercer Cabildo del Agua de Chiloé de ser recibidos por la Comisión, ante lo que la Presidenta, propone recibir a la organización y escuchar sus planteamientos una vez que finalice la votación de la Reforma.

Se retoma la votación con el artículo Nº 56 sobre las llamadas “aguas del minero”. El Ejecutivo propone suprimir el inciso cuarto que aprobó la Cámara de Diputados, que señala que cuando un concesionario minero requiera aprovechar las aguas halladas deberá solicitar una autorización para su uso a la DGA, la que la denegará total o parcialmente si dicho aprovechamiento pone en peligro la sustentabilidad del acuífero o los derechos de terceros.

Como alternativa a ello, se presenta una indicación de los senadores Allende, Muñoz y Pizarro, que proponen reemplazar los incisos tercer, cuarto y quinto por una redacción previamente consensuada, y se le consulta a Carlos Estévez, Director de la DGA, su parecer. El Director señala que al eliminarse un trámite extra que podía ser caro y engorroso para la DGA, pero conservando el requisito de protección de las fuentes hídricas como condición de uso de las aguas halladas, le parece coherente.

La senadora Muñoz indica que la obligacion de informar apunta a mantener la figura de bien nacional de uso público del agua. Cree que la indicación presentada equilibra bien los intereses que están en juego en las llamadas “aguas del minero”. Por su parte, la senadora Allende pregunta cómo es el procedimiento cuando un proyecto está sujeto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, apuntando al concepto de “balance hídrico”. Estévez responde que la DGA puede poner límites y aclara el procedimiento: Es el SEA el que consulta a la DGA.

El Senador Pérez, afirma que le parece mejor la propuesta del Ejecutivo (indicaciones b y c), pero que votara en contra la indicación de los senadores. De esta manera, las indicaciones del ejecutivo se aprueban por unanimidad, mientras que la indicación de los senadores se aprueba con tres votos a favor (Allende, Muñoz y Pizarro) y con uno en contra (Pérez). El senador Francisco Chahuán se encontraba ausente.

Luego, sigue la votación, abordándose el artículo 58 letra b) sobre aguas subterráneas. El Ejecutivo propone suprimir la frase “que hayan sido declarados por el servicio correspondiente” por “Ministerio del Medio Ambiente”, pues la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas sigue en trámite. Chahuán se integra a las 11 am a la comisión.

Se discute el artículo 66 sobre los derechos de aprovechamiento provisionales, eliminandose lo referido a la recarga artificial de acuíferos, lo cual se integra detalladamente en un artículo nuevo, el 66 bis que incorpora el Ejecutivo. Se aprueban las indicaciones 50 y 51 referidas a este tema, por unanimidad de los senadores Pérez, Chahuán, Allende y Muñoz. El senador Pizarro se había retirado de la sala.

Se añade la votación de una indicación de los senadores Allende, Pizarro y Muñoz en el inciso quinto del 66 bis, que incorpora la realización de un análisis técnico que considere el criterio de sustentabilidad de la fuente en caso de que un titular de derechos desee reutilizar las aguas infiltradas y solicite a la DGA ejercer su derecho sobre la mayor parte éstas.

El Senador Pérez señala que es una redundancia, mientras que la senadora Muñoz insiste en que aquí se insiste en resguardar el concepto del agua como bien nacional de uso público. La indicación se aprueba con dos votos a favor (Allende y Muñoz), uno en contra (Pérez) y una abstención (Chahuán).  A las 11.34 regresa el senador Pizarro y se procede a repetir la votación de la indicación, la que finaliza con cuatro votos a favor (Chahuán, Allende, Muñoz y Pizarro) y uno en contra (Pérez).

Se sigue con el artículo 129 bis 1, referido al caudal ecológico mínimo. Allí están las indicaciones 52 y 53 de los senadores De Urresti, Girardi y Navarro que proponen sustituir “derechos de aprovechamiento de agua por otorgar”, por la expresión “derechos de agua otorgados y por otorgar”. Carlos Estévez plantea que esta indicación es inadmisible, ya que lo que hace es crear una función para todos los derechos existentes, no obstante, consulta la opinión de la secretaria de la Comisión. Pilar Silva sostiene que, a su juicio, la indicación no le parece cambiar la atribución de la DGA, por lo que sería admisible.

La senadora Muñoz afirma que, si bien la indicación busca resguardar las aguas, puede ser inadmisible y añade que poner todos los derechos otorgados en juego podría generar mucha incertidumbre. El senador Pérez también discute la indicación y señala que es relevante definir si es admisible o no. Ante las dudas, la Presidenta decide poner en votación su admisibilidad o inadmisibilidad. La indicación se declara inadmisible con los votos de Pérez, Chahuán, Pizarro y Allende. La senadora Muñoz vota por su posible admisibilidad.

Luego, la secretaria señala que correspondería votar las indicaciones 54 y 55 de los mismos senadores, sin embargo éstos hicieron llegar a la comisión su deseo de retirar las indicaciones.

Se continúa con las enmiendas al artículo 129 bis 1, mediante la indicación 68 del Ejecutivo y varias de parlamentarios. Carlos Estévez explica que se crea atribuciones para que la DGA establezca caudales ecológicos sobre derechos ya otorgados en cuatro casos: el primero sobre derechos que estén en áreas que el Ministerio del Medio Ambiente informe que el ecosistema está amenazado, degradado o es un sitio prioritario. Señala que ésta es una norma ambigua, que genera incertidumbre, y más aún en un contexto de cambio climático.

La segunda situación, apunta a la protección oficial de la biodiversidad en áreas ya establecidas; Parques, Reservas, Monumentos Nacionales, Santuarios de la Naturaleza y Humedales de importancia internacional (Ramsar), sobre lo que hay certeza, y que la DGA, ya constato que a nivel nacional hay solo 595 derechos en dichos espacios, y dos casos en que ya existe una decisión del titular de trasladarlos fuera de dichas áreas.

El senador Chahuán expresa su preocupación por el posible arbitrio de la autoridad y consulta cómo puede acotarse en la redacción del texto. Por otro lado, la senadora Allende afirma que no está a favor de eliminar que la DGA establezca este caudal mínimo en sitios prioritarios. Luego de la discusión se acuerda incluir sitios prioritarios e incorporar la definición de “sitio prioritario” en el articulado transitorio de la ley.

Con este acuerdo, se levanta la sesión, dejando la votación del artículo 121 bis 1, sobre el caudal ecológico, para sesión del martes 8 de agosto.

 Estuvieron Presentes: Adriana Muñoz (PPD) presidenta; Isabel Allende (PS), Jorge Pizarro (DC), Francisco Chahuán (RN), Víctor Pérez (UDI) y Carlos Estévez, director de la DGA.