SOLIDA PRESENTACIÓN DE ABOGADO DE NEWENKO REAFIRMA VALIDEZ CONSTITUCIONAL DE LA REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS. GRANDES REGANTES INSISTEN EN RECHAZO A LA FUNCIÓN PUBLICA DE LAS AGUAS. MIENTRAS EXPORTADORES DE FRUTA APOYAN LA REFORMA.

SOLIDA PRESENTACIÓN DE ABOGADO DE NEWENKO REAFIRMA VALIDEZ CONSTITUCIONAL DE LA REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS. GRANDES REGANTES INSISTEN EN RECHAZO A LA FUNCIÓN PUBLICA DE LAS AGUAS. MIENTRAS EXPORTADORES DE FRUTA APOYAN LA REFORMA.

PDF Minuta Sesión 65: SOLIDA PRESENTACIÓN DE ABOGADO DE NEWENKO REAFIRMA VALIDEZ CONSTITUCIONAL DE LA REFORMA AL CODIGO DE AGUAS. GRANDES REGANTES INSISTEN EN RECHAZO A LA FUNCION PUBLICA DE LAS AGUAS. MIENTRAS EXPORTADORES DE FRUTA APOYAN LA REFORMA.

 El día lunes 6 de marzo, la Comisión Especial recibió en audiencia al Presidente de la Sociedad Agrícola del Biobío (SOCABÍO),  José Miguel Stegmeie, al Presidente de la Junta de Vigilancia del río Maule y Asociación Canal Melado, Carlos Diez, al Presidente Junta de Vigilancia Río Longaví, Máximo Correa, al Presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile A.G, Ronald Bown  y al Director de la Fundación NEWENKO,  abogado Felipe Tapia.

 

CARLOS DIEZ, QUIÉN REPRESENTA A LA JUNTA DE VIGILANCIA DEL RÍO MAULE Y CANAL MELADOinició su presentación  informando que la agrupación posee 67 asociados, que incluye accionistas de las Juntas de Vigilancia delCanal Melado, Río Achibueno, Río Maule y Río Ancoa y que administran canales de riego y 8 hidroeléctricas de pasada que generan ingresos para la mantención de la infraestructura,  disminuyendo los costos para los regantes. Destacó la importancia de la propiedad del agua amparada por la Constitución de 1980 e hizo referencia a los movimientos sociales por la recuperación del agua, que considera una amenaza a la tranquilidad de esta condición.

Respecto a la reforma, expresó que:

–       La Caducidad por no uso sería Inconstitucional

–       Tendría  un efecto retroactivo en varios aspectos.

–       La apropiación de DAA (derechos de aprovechamientos de aguas) existentes para fines medioambientales no reconoce la necesidad de expropiación e indemnización.

–       Incluye una innecesaria intervención del Estado en las OUA, en épocas de sequia.

–       No incorpora compensación o indemnización en caso de  redistribución del agua en época de sequias.

Enfatizó el descontento de la Junta con esta reforma, que a su juicio mataría la agricultura en Chile, ya que su modificación se debe trabajar por cuenca. Los principales  aspectos que les preocupan son : 1) que el poseedor de DAA pase de Dueño  a  Titular, si es tan igual porque no queda tal cual esta; 2)criticó la falta de claridad con las nuevas inscripciones por ventas de derechos entre regantes antiguos; 3)criticó la potestad absoluta de la D.G.A respecto de las concesiones y su falta de  presupuesto, 4) poca claridad sobre qué se entiende por mal uso del agua, y 5) todo lo referente a patentes y caducidades.

 LA JUNTA DE VIGILANCIA RÍO LONGAVÍ, A TRAVÉS DE SU PRESIDENTE, MÁXIMO CORREA,  comenzó su exposición destacando que representa a  5.600 usuarios,  y 40 comunidades de aguas en rubros como cultivos anuales, ganadería, frutales menores y forestal –alamo. Poseen un potencial hidroeléctrico de 200 MW que no se ha utilizado. Informó que poseen  presupuesto propio, que tienen experiencia en resolución de conflictos locales y que son una institución privada sin fines de lucro. Puntualizó que en Chile existe: A) déficit hídrico: existe escasez hídrica anual, actual sequia, una demanda creciente de agua, mayor variabilidad y menor disponibilidad natural B) falta regularización de comunidades de aguas, alta irregularidad de pequeños usuarios y debilidades institucionales.

 Respecto a la reforma destacó como criticas:

–       Que los derechos podrán extinguirse por su no uso, según lo disponen los artículos 129 bis 4 y 129 bis 5, y caducar por su no inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, según se establece en el artículo segundo transitorio de esta ley. Expresó que no hay claridad en la ley vigente sobre cual ejercicio del derecho de aprovechamiento de aguas se regulara a futuro a todo nivel.  Propuso explicitar la vigencia de la ley en el marco actual vigente hacia actuales o futuros DDAA que se asignen

–       Artículo 5, sobre interés público: manifestó que en los nuevos derechos de aprovechamiento en relación con “antiguos”, no hay claridad respecto de esta convivencia y se generaran acciones  tipo A y tipo B en las cuencas. Se pueden generar diferencias según la Autoridad vigente y su definición de Interés Público, por ejemplo, asignación de caudal ecológico a usuarios tipo B, aguas para subsistencia, derechos provisionales. Exigiófundamentación del interés público y priorización en resolución asignataria con compensaciones explicitas y obligaciones de entrega de concesiones.

–       Artículo 5° bis.- sobre las diversas funciones del agua, recordó que con la Reforma siempre prevalecerá el uso para el consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento, tanto en el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento.Propuso considerar las  compensaciones vigentes Art. 314 del Código Actual y evitar dejar a arbitrio de la autoridad vigente y generar condiciones a Planes Ordenadores de Recursos Hídricos por Cuenca.

–       Referente al Artículo 6°, sobre nuevas concesiones, aseguró que en el proyecto no se indica quien se hace responsable de las acciones de modificaciones o cierre de las obras de ejercicio que se modifican, limitan, cierran o caducan. Considera que el titular debe ejecutar planes de modificaciones revisados por la autoridad, con plazos definidos y particular consideración en la afectación a terceros por las obras.

–       Artículo 15: Respecto al dominio y disposición de los derechos de aprovechamiento vigentes, pidió consideración de compensación por cambios propuestos en casos específicos y fundados según 314 vigente.

–       En el artículo 129, acerca del Caudal Ecológico, dijo que la Reforma no considera compensaciones a derechos vigentes, que expropia sin indemnizar, que no establece mecanismos, tramos de seccionamiento ni puntos de interés y que además genera diferencias hacia la Agricultura Familiar Campesina difíciles de aplicar en la estructura red hídrica actual. Propuso el establecimiento de Caudal ecológico por cuencas, en base a fundados planes según disponibilidad, con adecuadas compensaciones y consideraciones locales.

–       Artículo 147 quáter, sobre constituir derechos de aprovechamiento aun cuando no exista disponibilidad, Indicó que esta nueva facultad afecta a los derechos de agua existentes, por lo que deben haber indemnizaciones y compensaciones por intervención.

 RONALD BOWN, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE FRUTAS DE CHILE A.G,constituida por 277 exportadores y productores y cuyo objetivo central es facilitar las exportaciones de la industria frutícola nacional, que representan el 90% de las exportaciones y el 57,1 % de la superficie plantada.

Destaco  que ASOEX está de acuerdo en la necesidad de Reformar el Código de Aguas: A) Consideran importante la priorización del consumo humano, en los términos establecidos por la reforma. B) Apoyan las sanciones al acaparamiento y la especulación sobre derechos de aprovechamiento de agua. C) Creen fundamental incentivar la inscripción de los derechos de agua y castigar su incumplimiento. D) Comparten la idea de sancionar el no uso efectivo del agua. E) Apoyan el proyecto de Ley que aumenta las facultades y multas aplicadas por la DGA, ante el no uso efectivo del agua.

 Planteo temas que deben ser objeto de mayor análisis, discusión y clarificación, para generar mayor certeza jurídica:

–       Artículo primero transitorio.- Los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley y su vigencia. Estiman necesario aclarar la redacción  de este artículo, con el fin que refleje claramente que no se afectarán los DAA vigentes.

–       Art. 6°, sobre la duración de las concesiones, consideran necesaria la revisión de este artículo, teniendo en cuenta que todas las actividades productivas del sector frutícola son de largo plazo y que las inversiones en este rubro se van adecuando a los requerimientos de los mercados.

–       El nuevo artículo 67 sobre  prohibición de  “cualquier nueva explotación de derechos o de aquella parte de los mismos que no se hayan explotado”. Dijo que la disposición parece confundir la medida administrativa que determina la prohibición de constituir nuevos derechos (definitivos o provisionales), con una situación de afectación grave del acuífero que justifique que derechos previamente constituidos y no explotados, no puedan ejercerse.

–       Artículo 129, sobre Caudal Ecológico: Consideran que los derechos actuales no han sido otorgados con un caudal ecológico mínimo, por lo que sería adecuado volver a analizar cada uno de los casos, por el gran impacto que pueden provocar. Además consideran que debe ser solo un organismo (la DGA) la que debiera analizar y establecer este excepcional tipo de restricciones.

JOSÉ MIGUEL STEGMEIE  de la SOCIEDAD AGRÍCOLA DE BIOBÍO, SOCABIO,  culpó al Estado de los grandes conflictos que se han producido en la administración de las aguas, y que se usan como fundamento para el cambio legal,  tales como el sobre otorgamiento de derechos, lo que ha generado situaciones indeseadas. Su principal crítica estuvo orientada a que la reforma  precarice el derecho de propiedad. Como ejemplos destaco la  eliminación del  concepto de “dominio” sobre el derecho de aprovechamiento y se reemplace solo por “uso y goce” de que las situaciones de “interés público”, sean responsabilidad de un funcionario y no de acción legislativa, que es lo que correspondería.

Como críticas específicas destacó:

–       Características inconstitucionales,por el debilitamiento de las tres características esenciales que tiene el derecho de propiedad en Chile: uso, goce y disposición perpetua (Inc.1, 2 y 3 del N°24 Art. 19).

–       Desigualdad frente a la ley: pues para un mismo bien se establece  dos tipos de posesión y aprovechamiento, los dueños de derechos de aprovechamientos y los concesionarios de derechos de aprovechamiento. Esta situación trasgrede el precepto de la igualdad de los ciudadanos ante la ley y también la igualdad ante las oportunidades económicas de los mismos (N°2 y 22 del Art. 19).

FELIPE TAPIA VALENCIA, PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN NEWENCO, sin fines de lucro, asesora ala Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU) y es  miembro  de la Red Justicia Hídrica y la Red Waterlat-Globacit de profesionales y académicos ligados a la gestión del agua.

El abogado centro su exposición en los fundamentos constitucionales de la reforma, argumentando que no es “expropiatoria”, al versar sobre los escasos derechos que quedan por otorgar, en base a una interpretación constitucional armónica, que permite destacar los siguientes aspectos:

  1. A) En la legislación chilena el agua es consideradaun bien nacional de uso público (art. 595 del Código Civil y art. 5 del Código de Aguas), correspondiendo su propiedad o pertenencia a la nación toda.Esto esta reforzado en el artículo 19 N° 23 de la Constitución Política de la República (CPR) al separar de la libertad de adquirir toda clase de bienes a aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, como es el agua. La doctrina del Tribunal Constitucional (TC Rol N° 245/1997) ha señalado que los bienes nacionales de uso público no pueden ser objeto de propiedad privada de los particulares ni usados en forma exclusiva, salvo en el caso que la autoridad otorgue concesiones, como es el caso de los derechos de aprovechamiento.

B). En relación al derecho de aprovechamiento, regulado en el DL 2603 de 1979 y en el Código de Aguas de 1981, estos buscan, normar el uso del agua bajo criterios económicos que hoy, luego de 35 años de su dictación, son insuficientes.  No  responden a los desafíos actuales de escasez hídrica, sobrexplotación de cuencas, problemas de asignación de los mismos derechos, desertificación, contaminación y cambio climático.

C)La Constitución en su artículo 19 N° 24, relativo al derecho de propiedad, en su inciso final reafirma que los derechos de aprovechamiento otorgarán a sus particulares la propiedad sobre ellos. Pero aunque se da una protección importante a la propiedad del derecho de aprovechamiento, hay que destacar que la calidad de bien público o de bien común del agua  también está  reconocida en el artículo 19 N° 23.

  1. D) Quiénes argumentan que esta reforma podría ser inconstitucional, olvidan que la misma CPR establece limitaciones al derecho de propiedad: las que derivan de su función social.Por tanto hay que realizar una interpretación armónica de la Constitución y sus preceptos.
  2. E) A mayor abundamiento, es necesario recordar que la Asamblea General de la ONU reconoció el año 2010 en acceso al agua y al saneamiento como derecho humano. Al ser el agua indispensable para el ejercicio de los demás derechos se entiende implícitamente incorporado, mediante la Observación General N° 15 de la ONU relativa al derecho al agua (2002), al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PDESC); en específico se encontraría contenido en sus artículos 11 (derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado) y 12 (derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental). El PDESC se encuentra firmado y ratificado por Chile.
  3. F)Los tratados internacionalessobre derechos humanos no son meras declaraciones de buena voluntad, sino que tienen un valor normativo vinculante que impide aislarlos de la interpretación constitucional. En este sentido el artículo 5 inc. 2 de la Constitución señala textualmente que los organismos del Estado deben respetar los derechos que emanan de la naturaleza humana, garantizados tanto por la Constitución como por Tratados Internacionales.

El abogado de Newenko informó que cuando se elaboró el Código de Aguas, en 1981, se tuvo en mente hacer eficiente el uso del agua por parte las industrias productivas. En dicha época existía  abundancia de agua, pero en 2017 el contexto es totalmente distinto. Estamos viviendo una escasez que ya es permanente, donde el principal perjudicado ha sido el mundo rural. Al año 2014 el Ministerio de Obras Públicas estimaba que más de 400.000 personas eran abastecidas de agua mediante camiones aljibe, de forma irregular, discontinua y sin poder satisfacer sus necesidades básicas.

En la práctica, y sin ser una atribución que se encuentre en la Ley Orgánica de Municipalidades, los Municipios han terminado cargando con los costos económicos de la escasez hídrica. Sin embargo los Municipios Rurales no cuentan con recursos que permitan llevar a cabo dicha misión, por lo que en la práctica es ONEMI quién termina gestionando y cubriendo los costos económicos de arriendo de camiones de aljibe. En 2015, para atender el déficit hídrico, ONEMI desembolso más de 34 mil millones de pesos. Expreso que en las zonas donde hay escasez, esta  no se debe sólo a falta de precipitaciones o al cambio climático, sino a un modelo que ha privilegiado, de manera desmedida, el desarrollo económico por sobre el bien común; esto se ve reflejado en el acaparamiento de derechos, la sobrexplotación de cuencas y incorrecta asignación de derechos.

 Como avances de la reforma , destacó:

–       Incorporación de consideraciones de interés público como una limitación a la hora de constituir derechos de aprovechamiento, protección de los territorios indígenas, que se priorice el uso del agua para consumo humano impidiendo el uso de agua para fines distintos cuando se constituye para este derecho humano, la extinción de los derechos en caso de no uso y que se puedan cavar pozos para fines de consumo humano, sin necesidad de inscripción.  Destacó que es una gran medida que el Estado pueda constituir reservas de aguas disponibles para el resguardo del vital elemento, asi como la obligación de informar y solicitar las aguas del minero.

–       Que el Estado pueda constituir reservas de aguas disponibles para el resguardo del vital elemento. Destaco que es clave la extensión de las concesiones a los servicios sanitarios rurales.

Concluyó que el reconocimiento del derecho al agua es una buena medida, pero no sólo debe estar en la ley, sino también debe estar expreso en la Constitución; por ello recalcó que es relevante aprobar también la reforma constitucional al régimen del agua que está en tramitación en la Cámara Alta.

  Presidió la Comisión la Senadora Adriana Muñoz (PPD). Asistieron los Senadores: Francisco Chahuán (RN), Víctor Pérez (UDI), Jorge Pizarro (DC) e Isabel Allende (PS), además del Director de la DGA Carlos Estevez.