CAMBIOS CONSTITUCIONALES Y UN LLAMADO AL SENTIDO COMÚN POR PARTE DE COMUNIDADES PRIVADAS DE AGUA; Y VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD COMO ARGUMENTO DE GRANDES AGRICULTORES, MARCARON UNA NUEVA JORNADA DE AUDIENCIAS EN LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRICOS

CAMBIOS CONSTITUCIONALES Y UN LLAMADO AL SENTIDO COMÚN POR PARTE DE COMUNIDADES PRIVADAS DE AGUA; Y VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD COMO ARGUMENTO DE GRANDES AGRICULTORES, MARCARON UNA NUEVA JORNADA DE AUDIENCIAS EN LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRICOS

PDF Minuta Sesión 66: CAMBIOS CONSTITUCIONALES Y UN LLAMADO AL SENTIDO COMÚN POR PARTE DE COMUNIDADES PRIVADAS DE AGUA; Y VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD COMO ARGUMENTO DE GRANDES AGRICULTORES, MARCARON UNA NUEVA JORNADA DE AUDIENCIAS EN LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRICOS

El día martes 14 de marzo, la Comisión Especial recibió en audiencia a la Sociedad Nacional Agrícola, su Fiscal, Eduardo Riesco; a Santiago Matta, de la Junta de Vigilancia del Río Aconcagua III Sección; a Rodrigo Mundaca, Vocero Nacional del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (MODATIMA) y a la Sociedad Agrícola del Norte, el Director, señor Roberto Vega y el Vicepresidente de la misma entidad,  José Corral.

 Inició la ronda de audiencias el Fiscal de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Eduardo Riesco, quién, destacó los aspectos positivos y los problemas del Proyecto, recalcando la importancia nacional que ha alcanzado esta moción, dijo que se han derribado mitos y restaurado verdades a medias y que los medianos y pequeños agricultores, que son los que más ocupan agua, estaban dispuestos a defender sus derechos, ya que este Proyecto no los beneficia.

 Como aspectos favorables de la reforma, destacó los, que a su juicio, son mitos que se han derribado:

–       Mencionó la historia de la propiedad del agua en Chile, que se sitúa erróneamente en el gobierno militar, cuando fue heredada no solo de España, sino también de los pueblos originarios, específicamente en 1908 cuando se crea  la primera ley, 2139, una especie de Código de Aguas que estableció la privacidad del agua.

–       En Chile se dice que falta al agua, cuando el más del 95% de los  113 mil Millones de metros cúbicos de agua de lluvia y deshielos va al mar debido a la falta de obras y a una administración deficiente.

–       Acaparamiento del agua: no se ha dicho que se debe a los DAA no consuntivos, por empresas fiscales que luego se transformaron en empresas privadas que mantuvieron estos derechos y al ir fallando los proyectos quedaron en desuso.

–       Se ha dicho que en Chile hay riesgo de que personas mueran de sed, cosa que hasta hoy no ha sucedido, hubo propaganda irracional y descalificadora y se señala a los dueños de DAA como responsables

–       Valoró la priorización de usos del agua cuando ello se hace en función de valores y bienes públicos como son la vida y la salud de las personas, a pesar de su revestimiento de inconstitucionalidad en el Proyecto. También la protección de zonas ecológicamente vulnerables, bofedales y acuíferos en la zona norte.

Como aspectos negativos señaló los que serían vicios de constitucionalidad:

–       Señaló que dentro de los 5 principios rectores de este proyecto, no está el de dar cabal cumplimiento a las normas constitucionales que otorgan certeza jurídica a los derechos actuales y futuros en cuanto ellos se encuentran revestidos de la protección dominical establecida en el Nº 24 del artículo 19 de la Carta esencial que está en el dominio que existe sobre ellos.

–       Manifestó que un elemento tan vital debería ocupar un lugar de primer nivel en la definición de las políticas públicas con una total prescindencia de connotaciones político-partidistas.

–       Dijo que todos los artículos que sustituyen las palabras “dueño” o “propietario” por “titular” van en la dirección de sustituir el régimen de propiedad privada por el de concesión administrativa por lo cual deben ser considerados contrarios a la Constitución.

–       Puntualizó a los Artículos 5°, 5ª bis, 5° ter, 5º quater y 5º quinque, que a su parecer deben ser considerados inconstitucionales por ser, en su conjunto, contrarios a las normas sobre el dominio de los DAA.

–       La protección especial que el inciso final del mismo artículo 5º otorga a las aguas de territorios indígenas, debe considerarse contraria a la garantía constitucional de los Nºs 2º, 3º, y 22º   del artículo 19º sobre igualdad ante la ley.

–        Artículo 5 ter en relación con el artículo 147 bis.:  Se faculta al Presidente de la Republica para que, mediante un Decreto fundado, previo informe de la DGA, reserve recursos hídricos cuando sea necesario para satisfacer los usos de la función de subsistencia, o para fines de preservación eco sistémica. Citó a los profesores Colombo y Navarro que han señalado: “La Constitución Política de la República, en su artículo 19 Nª 23, prohíbe las reservas estatales, dado que se garantiza a todas las personas el libre acceso a todos los bienes, salvo los casos expresamente exceptuados como es el caso de los bienes comunes y de aquellos que deban pertenecer a la Nación toda.” Señaló que, excepcionalmente, se autoriza a una ley de quórum calificado (y no a una ley común) el establecer limitaciones o requisitos para la adquisición de algunos bienes siempre que así lo exija el interés nacional.”

–       El artículo 6° bis., del proyecto, por su parte, establece la caducidad del derecho por no uso o como consecuencia del cambio de uso no informado a la DGA. Este artículo contradice abiertamente el inciso final del N° 24 del Art.19 de la Constitución Política, y que su eventual aprobación implicaría una expropiación sin ley especial, de todos los derechos de aprovechamiento reconocidos y otorgados hasta la fecha.

–       Aseveró que la concesión temporal propuesta es inconstitucional y que cualquier otorgamiento de DAA es del dominio de su titular, según la Constitución, por lo que es perpetuo e indefinido,  y que a diferencia de otros derechos – preceptiva minera, industrial e intelectual – no se contempla su otorgamiento limitado en el tiempo, y por tanto no está autorizado el legislador para darles el carácter de temporales.

–       Señaló que el Artículo 129 bis 1, que otorga a la DGA facultades para establecer un “caudal ecológico mínimo” es expropiatorio por cuanto permite afectar los derechos constituidos. Especialmente sin establecer indemnización alguna.

–       Cuestionó a la DGA, que adolecería de carencias o falencias, ejemplos: la DGA ha llegado a acumular como pendientes, hasta 2014, más de 16.000 solicitudes de DAA y modificaciones de éstos; para inscribir una junta de Vigilancia en sus registros hay hasta 10 años de tramitación y espera; en el país existen miles de pozos de agua clandestinos pero existen también miles de solicitudes de DAA sin resolver, etc. La idea, dijo, es que, junto con evitar la tremenda crisis generalizada que acarrearía la estatización masiva de las aguas en Chile, la tramitación de este proyecto se pudiera transformar en una oportunidad para dar una solución real a la ADMINISTRACION DEL AGUA EN CHILE, único problema que se encuentra resuelto a medias en nuestra legislación.

–       Luego mencionó el concepto de “interés público”  que se encuentra en numerosos artículos de la reforma  a partir del artículo 5º nuevo como un concepto abstracto e indefinido y por ello, ideologizable al cual se sometería el otorgamiento de la concesión, restricciones y su caducidad o término.

–       Propuso abocarse definitivamente al tema de las obras de embalse, para lo cual sólo se requiere voluntad política y decisión en el actuar.

Riescoademás dijo que existe una pugna entre el proyecto y lo que hoy se reconoce en la Constitución, con la consagración y el aseguramiento que los incisos primero, segundo y tercero del Nº 24º del artículo 19º, que otorgan el derecho de propiedad al establecerlo “en sus diversas especies y sobre toda clase de bienes corporales e incorporales”, -entre los cuales se encuentra el derecho real de aprovechamiento de aguas- y señala sus atributos esenciales que son el uso el goce, la disposición y su intangibilidad, si no media la dictación de una ley de expropiación, el concesionario será un simple usuario, solo con derecho a uso y goce temporal sujeto a caducidad. En consecuencia, dijo, se hace claro que para que este Proyecto pudiera tener una constitucionalidad efectiva, debe haber una reforma constitucional, la que no podría desconocer el actual régimen de derechos adquiridos. Destacó la importancia de la labor de las Asociaciones de Agua y usuarios, especialmente las Juntas de vigilancias, las cuales son entidades particulares y eficientes.

Finalmente, declaró que  la SNA no concuerda con el proyecto en su inspiración, ni en sus fundamentos, ni en su contenido, ni en su estructura y a su respecto. Concluyo que una racional Administración Integrada de Cuencas puede ser una solución sin olvidar al agua como un bien económico.

Luego fue el turno de Santiago Matta, de la Junta de Vigilancia del Río Aconcagua III Sección, quién comentó, entre otros, los siguientes aspectos de la Reforma:

 –       ARTICULO 1° TRANSITORIO. No queda claro que la disposición del derecho sea en conformidad con la Ley que fueron otorgados, o la nueva Ley.

–       ARTÍCULO 129 BIS 1. Caudal Ecológico La mantención de un caudal ecológico “standard” para todas las cuencas de nuestro país sería en su opinión un grave error. Matta da a entender que en Chile, a diferencia de Australia no existen barreras de coral, que obliguen a mantener un caudal ecológico importante de los ríos, para evitar la muerte de los microrganismos que viven en ellos. Al aplicar un caudal ecológico del 20% en su sección del río, implicaría secar cerca de 3.000 hectáreas que hoy son productivas. Aparte del daño patrimonial que significaría para los agricultores y la pérdida de empleo, sería un muy mal negocio para el medioambiente. Aseguró que esas 3.000 hectáreas de cultivos de la III sección del río Aconcagua, hoy capturan el CO2, que producen el equivalente a 120.000 autos que recorren 15.000 km. Al año.  Agregó que si es relevante de proteger con un caudal ecológico los humedales que se encuentran en las desembocaduras de los ríos, para evitar la intrusión salina en esas cuencas. Aseveró que los canales que sacan el agua de los ríos y las conducen con menos velocidad, actúan como reservorios de la flora y fauna que habita en los ríos.

–       Art. 129 bis 1 Inciso 4° DICE: “Lo dispuesto en los incisos segundo y tercero no afectará a los derechos de aprovechamiento de aguas cuyos titulares sean pequeños productores agrícolas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley N° 18.910”. Manifestó que en la práctica, es prácticamente imposible discriminar en la entrega o no entrega del agua en un canal de regadío, a un pequeño, mediano o gran agricultor.

–       ARTICULO 2° TRANSITORIO En el sector agrícola, en general, no existe el conocimiento de que el agua se debe inscribir en un CBR, de hecho el 34% de los cerca de 4.700 regantes de la III sección del río Aconcagua,  no tienen inscrito (Regularizados) sus derechos de aprovechamiento de aguas. La extinción en 18 meses, sin un previo aviso, sino por el solo Ministerio de la Ley pretende implementar una caducidad sanción nueva, a una situación donde en realidad lo que hay, es una caducidad procedimental.

El  representante de la Junta de Vigilancia del Río Aconcagua III Sección, propuso:

–       Respecto de los DAA constituidos o reconocidos antes de la entrada en vigencia de la presente ley, “sus titulares podrán seguir usando, gozando y disponiendo de dichos derechos, de acuerdo con las prescripciones de la ley vigente al tiempo de su constitución o reconocimiento y no le afectarán las nuevas disposiciones, con la salvedad de lo establecido respecto de la obligatoriedad de su inscripción y las patentes por no uso”.

–       Las Organizaciones de Usuarios de Aguas, en conjunto con la DGA y el Ministerio del Medioambiente y los responsables de la sobreexplotación, cuando corresponda, deberán ver caso a caso las necesidades ambientales de mantener un caudal ecológico, ya sea superficial o subterráneo y producirlo a través de infiltrar los acuíferos aguas arriba de las desembocaduras, alumbrar aguas subterráneas en las épocas de disminución del caudal superficial, o, en última instancia, expropiar derechos de aprovechamiento (como lo hizo Australia), para evitar que se sequen los parques nacionales o que la intrusión salina avance aguas arriba de los ríos.

 En tercer lugar expuso Rodrigo Mundaca, Vocero Nacional del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (MODATIMA), quién, apelando al SENTIDO COMÚN, manifestó lo positivo del Proyecto:

–       Declarar el acceso al agua y su saneamiento como un derecho humano esencial e irrenunciable, que debe ser garantizado por el Estado.

–       La priorización de usos.

–       La autorización de la DGA, mediante resolución de extracciones hasta 12 lts/seg., en el caso de resoluciones realizadas por un comité o una cooperativa de APR, mientras demora la tramitación de la solicitud definitiva.

–       La constitución de reservas de aguas superficiales o subterráneas para asegurar funciones de subsistencia y de preservación ecosistémica.

–       La facultad entregada a comités y cooperativas de servicios sanitarios rurales para extraer agua de pozos cavados en el suelo propio de la organización.

–       Las causales de extinción de DAA no utilizados, 4 años para los consuntivos y 8 para los no consuntivos.

–       El establecimiento de medidas regulatorias para las “aguas del minero”, Art. 56, el tener que informar a la DGA las aguas alumbradas, solicitar la autorización de uso y concluida la faena minera devolver el agua.

–       La facultad presidencial de otorgar aguas superficiales o subterráneas con la finalidad de garantizar usos de subsistencia.

 Las observaciones de MODATIMA, presentadas en su audiencia, se refieren a los siguientes puntos:

–       La perpetuidad del Artículo 19, numeral 24, referente a la propiedad de los titularas sobre los DAA.

–       Se debe considerar la restitución total de la propiedad del agua al dominio de la tierra

–       Cambio de derecho perpetuo a derecho con extensión temporal limitada un máximo de 30 años, solo para el 10% faltante y no para la totalidad de los derechos ya otorgados.

–       La priorización del agua para comunidades fragilizadas, sin existir infraestructura para acopio de agua.

–       Sobre las prelaciones de uso de los DAA, si bien se establece el consumo humano y saneamiento como usos prioritarios, no se considera el resguardo de los ecosistemas, ni de las economías locales.

–       Sobre el fortalecimiento de las atribuciones de la DGA, no se plantea el carácter regulatorio de esta Dirección, ni la dispersión institucional en materia hídrica con el correspondiente Ordenamiento Territorial, ni tampoco el tema de la penalidad para el robo de aguas.

–       Recalcó que es fundamental la constitución de DAA no sólo para las APR, sino también para los pequeños agricultores y comunidades indígenas.

–       Por último, señalo que el PL no prohíbe la entrega de DAA provisionales en acuíferos sobre otorgados.

 Durante su intervención, Rodrigo Mundaca enfatizó que hoy vemos que los conflictos por el agua son cada día más frecuentes, y colocan en colisión dos miradas de ella que representan también dos opciones sociales y políticas frente al futuro de la humanidad y el planeta: la primera, que considera el agua como bien común y como un derecho humano fundamental que no puede ser apropiada por unos pocos, sino que cuidada, gestionada y puesta al servicio de la vida; versus una segunda, que la considera como un recurso y por tanto sólo la concibe desde una perspectiva económica al servicio de intereses particulares que buscan la acumulación de plusvalías y lucrar con su condición de esencialidad para la vida.

 Al cierre de las audiencias de este 14 de Marzo se escuchó el planteamiento de la Sociedad Agrícola del Norte, a través de su Director, Roberto Vega y el Vicepresidente de la misma entidad, José Corral, quienes, luego de introducir la importancia de la agricultura, la cual representa entre el 2,4% y 2,7% del PIB nacional Chile en algunas regiones llega al 30%, alcanzando el lugar número 26 del mundo en exportaciones superando a Argentina y Brasil, destacaron los siguientes inquietudes:

–       Incertidumbre sobre el futuro de la inversión en la agricultura. Conforme al texto aprobado, los dueños de los derechos vigentes podrán seguir usando, gozando y disponiendo del agua “en conformidad con la ley”. ¿qué ley? Dijo que la desaparición del estatuto del DAA por el de concesión traerá problemas directamente con la Banca, la cual no estaría dispuesta a continuar financiando las operaciones de su sector o bien aplicarían castigos de garantías.

–       Otorgamiento de ventajas económicas a un sector productivo en desmedro de otros: Las empresas de servicios sanitariosdispondrán en forma gratuita de recursos de aguas pertenecientes a otros sectores productivos, creando un vicio al interior de estas empresas (que además tiene fines de lucro, a diferencia de las de agua potable rural), que deben estar preparadas para atender a la población en cualquier circunstancia.

–       Particularmente en la Región de Coquimbo, y frente a la grave sequía que la afectó en los últimos 10 años, siempre las OUAs priorizaron la entrega de agua para el resguardo en el suministro de agua potable de las ciudades y de los sistemas de APR, mientras miles de hectáreas agrícolas se secaban por falta de agua para regadío. Aseguró que hoy la propuesta de Reforma plantea un debilitamiento a los OUAs

–       El proyecto de modificación Constitucional y del actual Código de Aguas, no asegura, por ejemplo, eliminar la entrega de agua mediante camiones aljibes a zonas rurales, sólo asegura restar legitimidad a los DAA, y esto es esencial aclararlo, puesto que se quiere hacer creer erróneamente, que a través de esta reforma, surgirán “nuevas aguas” para estos sectores.

La SAN AG. propuso:

–       En relación a la propuesta de reforma al Código de Aguas, incorporar un nuevo inciso séptimo al artículo 6 del siguiente tenor: “Lo expuesto en los párrafos precedentes es sin perjuicio de los DAA otorgados con anterioridad a la presente ley, los cuales mantendrán todas sus características, facultades y atribuciones del dominio”.

 Presidió la Comisión la Senadora Adriana Muñoz (PPD). Asistieron los Senadores: Francisco Chahuán (RN), Víctor Pérez (UDI), Jorge Pizarro (DC) e Isabel Allende (PS), además del Director de la DGA Carlos Estevez.