EN SU TERCER DIA DE AUDIENCIAS, LA COMISIÓN ESPECIAL DE RECURSOS HIDRICOS, DESERTIFICACIÓN Y SEQUIA DE LA CAMARA ALTA RECIBIÓ A ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS Y A LA DIRECTORA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUJERES RURALES E INDÍGENAS ANAMURI.

EN SU TERCER DIA DE AUDIENCIAS, LA COMISIÓN ESPECIAL DE RECURSOS HIDRICOS, DESERTIFICACIÓN Y SEQUIA DE LA CAMARA ALTA RECIBIÓ A ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS Y A LA DIRECTORA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUJERES RURALES E INDÍGENAS ANAMURI.

PDF Minuta Sesión 63: EN SU TERCER DÍA DE AUDIENCIAS, LA COMISIÓN ESPECIAL DE RECURSOS HIDRICOS, DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA DE LA CÁMARA ALTA RECIBIÓ A ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS Y A LA DIRECTORA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUJERES RURALES E INDÍGENAS ANAMURI.

EN SU TERCER DIA DE AUDIENCIAS, LA COMISIÓN ESPECIAL DE RECURSOS HIDRICOS, DESERTIFICACIÓN Y SEQUIA DE LA CAMARA ALTA RECIBIÓ A ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS Y A LA DIRECTORA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE MUJERES RURALES E INDIGENAS ANAMURI.

La Comisión Especial recibió en audiencia a Héctor Sanhueza de la Asociación de Canalistas del Laja, a Martín Arrau de la Junta de Vigilancia Río Ñuble, a Francisco Saldías de la Junta de Vigilancia Río Diguillín y sus afluentes, a Mafalda Galdámez de la  Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI.

 Héctor Sanhueza se focalizó en un inicio a desmitificar la serie de “mitos” que el Director de la DGA, Carlos Estévez, entregó en su exposición dentro del margen de las audiencias este martes 10 recién pasado. Dijo, entre otras cosas, que: 

–       No hay seguridad de que se haya tratado en el pasado, cuando surgió el Código de Aguas, ya que un bien económico es un bien escaso. A propósito de que Estévez aseguró que en esos tiempos eran otros escenarios hídricos, no como hoy. En ese sentido, Sanhueza expresó que la perpetuidad significa seguridad.

–       5°. En el Art. 299, todas esas funciones ya se consideran entregadas a la DGA.

–       Respecto del Art. 6° está de acuerdo, pero es más conveniente especificar lo que es interés público, no dejarlo tan abierto como está ahora ya que hay una idea entre incompatibilidad entre la propiedad pública y la privada.

–       Está de acuerdo con que el agua es importante.

–       Sobre caducidad y extinción pide nueva forma de redactar ese punto, ya que, a su parecer, se castiga el cambio de uso de las aguas, de todas formas, agradece que exista voluntad del Ejecutivo de definir usos, por ejemplo frente a la crisis de la agricultura y la minería en el norte. Cuestiona también sobre que pasa entre el punto de captación y restitución; tenemos minihidros, que aprovechan la fuerza cinética. También les preocupa el concepto de “obras suficientes y aptas” para corroborar que hay voluntad de utilizar el agua.

–       Caudal Ecológico:

  • Aseveró que no fue planteado por el Ejecutivo; por estacionalidad, un 20% puede ser mucho. Planteó que en el lago Laja, que está en un parque nacional, se afectaría aguas abajo, que es el agua que utilizan los antiguos regantes.
  • Sobre los Art. 2 y 3, referentes a los pequeños agricultores del INDAP, dijo que no hay oposición hacia ellos, ellos pertenecen a asociaciones de regantes. Preguntó cómo se haría la diferenciación entre a quién afecta y a quién, se eliminaría el acuerdo entre los usuarios, que son importantes en la medición de conflictos. Puede haber un exceso de demandas de funciones a la DGA y cuestiona si habrá una descentralización de esta división.
  • En caso de excepción, está de acuerdo en redestinar el recurso para subsistencia, Pero les preocupa que por solucionar un problema comunitario el costo caería en un usuario o dos. Las sanitarias tendrán el agua asegurada, como ESVIO, pero para los demás no habrá indemnización. Preguntó quién compensará esa perdida.

Sanhueza concluyó su audiencia diciendo que compartían: que se desincentive la especulación, que haya uso prioritario para subsistencia, consideraciones a la belleza escénica, regularizar las inscripciones, principalmente. Dijo que no defiende el Código actual, sino que son más bien aprensiones.

 Acto seguido tomó la palabra el Director de la DGA:

–       dijo que no se castiga el cambio de uso, si no hay sanción, que al menos haya información.

–       El caudal ecológico se aplica en el punto de captación, no de donde vienen las aguas.

–       Referente a “obras suficientes y aptas”. En la ley recientemente aprobada sobre fiscalización, se publicó en el diario oficial un listado de obras.

–       La Dga investiga, se hace, pero hay una falta de medios, por ejemplo, para informes económicos.

–       La función prioritaria cae en todos los usuarios, en todos los que comparten la fuente, se refiere a un momento específico.

Luego tuvo lugar de Martín Arrau, de la Junta de vigilancia del Río Ñuble, quien comenzó mostrando una lamina sobre la variabilidad de un cauce, para referirse a la sequía que se vive desde el año 98 y como ésta ha sido administrada por la Junta de Vigilancia (JV) y las comunidades del agua, en una especie de “autogobierno” y que la DGA no es capaz de entregar información fidedigna, debido a falta de presupuesto, por ej. sobre la situación de los caudales, cuestionó si se podía efectivamente diseñar una política sin información. Además, expresó qué:

–       “los ríos juntos con sus usuarios son organismos vivos, individuales, dinámicos a los que es complejo aplicarles leyes generales”, por lo que resulta riesgoso y a veces inaplicable el proponer normas estándar para todas las cuencas, sobre todo en un país como Chile, hay una realidad hídrica muy diferente en el Lluta, el Ñuble o el Baker.

–       Aseguró que gran parte del agua que se pierde en el mar es del Fisco, en el rio Ñuble en torno al 72% del agua que se vierte al mar de propiedad del Fisco, situación que ocurre en gran cantidad de cuencas, sin embargo, dijo que no hay datos, ni tampoco sobre los especuladores, pero que a su juicio, el gran acaparador de agua es precisamente el Fisco.

–       Respecto a priorizar el consumo humano, dijo que en el Ñuble hay localidades que no tienen agua potable y que el uso de camiones aljibe no es un problema del Código de Aguas, es un problema práctico de la lejanía de la gente a las fuentes de agua y/o menos lluvias. Señaló que Chile ha tenido grandes avances en APRs que abastecen a más del 99% de la población en zonas rurales concentradas.

 –       Referente al PL en sí, considera los siguientes aspectos positivos:

  • La declaración, realzamiento y prioridad sobre Derecho Humano al agua.
  • Arts. sobre el DAA para APR e inclusión en art. 56 para pozos de consumo humano.
  • La preocupación por el caudal ecológico, cuidado del medio ambiente, glaciares, y la exención de patentes para el uso en función ecológica, paisajística y recreativa.
  • La mantención de normas transitorias que permiten regular la inscripción de los DAA consuetudinarios y otros sectores más vulnerables.
  • El rechazo a la especulación y al acaparamiento de D.A.A., aumento de patente, efectividad en el cobro de la misma y remate.

–       Aspectos insuficientes de la Reforma:

  • Fortalecimiento de Organizaciones de Usuarios, reconocimiento y atribuciones.
  • Acompañar un plan de modernización y aumento de recursos para la DGA.
  • Crear mecanismos de información sobre disponibilidad  del recurso y derechos otorgados con acceso público.
  • Visión de Manejo Integrado de Cuencas, dando adaptabilidad de la norma la realidad de cada cuenca.
  • Unificar criterios de Caudal Ecológico entre ley 19.300 y Código de Aguas, hoy existen dos mecanismos paralelos para lo mismo.
  • Transparentar el pago de Impuesto al Riego (Contribuciones de Riego), impuesto al agua que solo paga el sector agrícola.

En particular, le preocupa que:

  • el PL que reforma el Código de Aguas, establece diversas restricciones a las nuevas “concesiones”, relativas al ejercicio de éstas: temporalidad, extinción, priorización de ciertos usos, y otras que también se aplicarían  a los DAA constituidos e hizo la siguiente propuesta:“Las modificaciones al Código de Aguas contenidas en la presente Ley no se aplicarán a los derechos de aprovechamiento otorgados o reconocidos con anterioridad a su publicación, los que se continuarán rigiendo por el texto de dicho Código, vigente al día anterior a la fecha de publicación de esta ley”.
  • Además señaló que en el Art. 5, donde el agua se mantiene como Bien Nacional, se agrega “Interés público” y dentro de ellas las actividades productivas, preguntó cuales, pidió aclararlo, ya que según su visión, esto genera incertidumbre.
  • Sobre el Art. 6, les complica el tema de la temporalidad, ya que, según él, un horizonte temporal (máx. 30 años) e incierto, no se condice con los tiempos de un proyecto agrícola y que la seguridad de riego genera el valor productivo de un campo, y al imponer una fecha de “término”, se perderá acceso al crédito de LP.Propuso que también las nuevas concesiones sean a perpetuidad.
  • Respecto al cambio de uso, dijo que la agricultura no es sólo riego, también implica refrigeración, animales, etc. Si un agricultor quiere una mini hidro o lechería que cada uno use como quiera el agua, que no se restrinja.
  • Caudal Ecológico: “El Caudal Ecológico mínimo no podrá ser superior al 20% del caudal medio anual…”. Dijó que esto es ambiguo, no hay certeza de cuando ni como se podría aplicar, ni menos la cuantía de la restricción y que entre otras cosas preguntó qué pasa si en la parte alta, zona de embalse o de boca toma se declara una reserva u otra zona con status de protección, como el Punilla. Propuso establecer un plan de trabajo (recursos) caso a caso, con etapas de determinación del estado de degradación de cada rio y su nivel socio-ambiental objetivo, para diseñar políticas acordes a cada realidad, como lo han hecho muchos países. Pero dar las atribuciones por ley para imponer un caudal ecológico retroactivo máximo de un 20% del QMA es excesivo e inquietante.
  • Para el Art. 314 que, a su parecer, dice relación con escasez, suspensión de JV y redistribución sin indemnización, propuso mantener los plazos existentes en la actual ley,y la indemnización al afectado para incentivar la inversión en eficiencia y disponibilidad.

A continuación, intervino el Senador Andrés Allamand, quien preguntó si hoy se podría o no transparentar cuanto y quienes tienen DAA y como se hace ese catastro, a lo que el Director de la DGA respondió diciendo que esta información existe en las estaciones pluviométricas y que la cantidad de DAA se encuentra en la página web de la DGA, pero que, por otro lado, los derechos que vienen del Conservador de Bienes Raíces se hace en cualquier formato. En la Ley de Fiscalización se propuso hacer un sol formato. El Senador pidió entregar esta información por oficio.

Luego fue el turno de la audiencia de Juan Francisco Saldías Muñoz, Juez de Aguas de la Junta de Vigilancia  del Río Diguillín y sus Afluentes, quién hizo su introducción sobre las Organizaciones de Usuarios de Aguas, diciendo que estas administran y distribuyen los DAA a quienes los tienen constituidos y reconocidos desde la  fuente natural hasta el predio del usuario (agricultor). Dijo que su trabajo es reconocido internacionalmente, según reciente informe Banco Mundial. Entre otras cosas son respetadas y validadas por los usuarios, ya que son capaces de resolver conflictos entre usuarios, turnos (estiajes) entre miles de agricultores y que son forjadores del riego, obras de regadío y últimamente impulsores de iniciativas hidroeléctricas. Además, dan confianza, integridad y transparencia. Están integradas, para los cauces naturales, por la Juntas de vigilancia, y para los cauces artificiales por Asociaciones de Canalistas y Comunidades de Aguas.

 Mencionó que:

–       Los agricultores ven que la garantía, la titularidad protegida histórica sobre la “propiedad” de los “derechos de aprovechamiento de aguas”, serán vulnerados.

–       Que la Reforma, debilita la propiedad individual y sus Organizaciones,  comenzando con la actual modificación al Código de Aguas y posteriormente cambios a la Constitución, con la iniciativa de eliminar el inciso final citado.

–       Son los agricultores (pequeños y medianos) que no han tendido la necesidad de cumplir con los procedimientos dispuestos en la ley, para inscribir sus derechos de aprovechamiento de aguas, verdaderos “entes” frente a la autoridad, sus oposiciones son rechazadas por carecer de títulos, frente a solicitudes de terceros con antecedentes especulativos, con influyentes asesorías legales y técnicas

–       El artículo 1° Transitorio de la Reforma, reconoce los DAA sólo como “vigente”,  los caducará por su no inscripción en el CBR y otorga un plazo fatal de 5 años para iniciar el trámite de Regularización e inscripción derivados de la Reforma Agraria. (Art. 2 y 5 Transitorios). Expresó que esto afecta a miles de agricultores con uso histórico e inmemorial que no cuentan con títulos, quienes no son negligentes o despreocupados, son múltiples los motivos: culturales, económicos, conflictos hereditarios, litigios, desconocimiento, etc.  Requieren asistencia más que asesoría (comento que la especulación se da en los DAA no consuntivos).

–       Para el Artículo 314 Reforma, donde de acuerdo a su visión, hay un menosprecio a las Juntas de Vigilancia, solicitó establecer un Manual de Procedimiento, previo a la reforma, conocido y no atemorizante como ahora.

Juan Francisco Saldías dijo que “se está despertando un león dormido porque se está atacando a los pequeños agricultores. Exigió una respuesta clara del Ejecutivo, y no zigzagueante o meras expectativas de solución a las familias campesinas,  pequeña y mediana agricultura que hasta ahora riegan en paz. En la parte final de su presentación, comento que en general la Reforma:

–          Está focalizada en disminuir la protección y seguridad jurídica del dominio de las aguas (uso precario) y organizaciones de usuarios.

–          Reconoce mayores potestades y funciones a la DGA. Sin un cambio estructural e independencia de los ciclos políticos, para asegurar su carácter técnico. No asegura eficacia. Incluso hoy esta sobrepasada.

–           Demuestra un menosprecio sobre las organizaciones de usuarios del país, en especial las Juntas de Vigilancia, a pesar de su evidente evolución y reconocimiento nacional e internacional.

Solicitó al senado, soluciones integrales que permitan asegurar el agua para el consumo humano y saneamiento, enfrentar la especulación (no consuntivos). Fortalecer la eficacia institucional de la DGA y las organizaciones usuarios de aguas del país y resguardar la agricultura como pilar fundamental con su gente dedicada al trabajo, para producir alimentos y bienestar en los campos. Cito en su conclusión: Si una sociedad es negligente en la regulación, administración, gestión, conservación y protección del agua, se enfrentará al colapso.

Finalmente, comenzó su presentación Mafalda Galdamez de la  Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI, diciendo que lo que ella iba a decir no era técnico, sino un documento del papel social que cumple el agua, lo que se está sufriendo en comunidades indígenas y rurales, un documento social. (Se adjunta para su completa lectura). Manifestó, entre otras cosas, que:

      En agosto del año 1981, bajo el Decreto con Fuerza de Ley, DFL  1.122, la dictadura militar dividió las aguas en marítimas y terrestres y elaboró una serie de disposiciones para el uso de las aguas terrestres  superficiales y subterráneas,  cosificándolas, más conocido este decreto  como  el Código del Agua.

      Han transcurrido 36 años, desde la creación de este Código y los gobiernos sucesivos lejos de atacar esta situación  de inequidad para los pueblos, fueron  perfeccionando y acrecentando la brecha entre los ricos y poderosos, (vendiendo las acciones de agua incluso a empresas sanitarias cuyos beneficios van a manos  extranjeras, caso ESVAL).

      Los pueblos  que se ven enfrentados cada vez más a una situación de escases de agua, de lucro, usura y exclusión, muchos habitantes de  los pueblos del norte, debe pagar su agua que se revende desde los camiones aljibes que la compran a la empresa sanitaria “Aguas de Antofagasta” o en Chiloé, donde  cada verano, los camiones aljibes deben proveer de agua a las comunidades rurales.

      Tras la privatización  del agua se esconden dos debates fundamentales. El primero discute sobre el riesgo de gestionar a través del mercado el acceder a un bien cuyo carácter es indispensable para la vida humana, y que por lo tanto su acceso debe ser considerado un derecho.  Y el segundo se cuestiona si la inclusión del agua en el circuito del mercado no acarrearía su agotamiento, puesto que la misma lógica del mercado ha significado aumentar  las lógicas de consumo, como ocurre ya con otros bienes naturales. Un ejemplo de estas discusiones lo encontramos en la producción de agua embotellada, la mercantilización que representa y el costo ambiental que acarrea.

      Que la mercantilización del agua haya sucedido, ha dependido también de los gobiernos que definen en el plano nacional los modelos políticos y legislativos para el acceso de la población y la posibilidad del mercado de gestionar y administrar ese acceso, configurando también patrones de organización territorial para estos modelos.

      El Estado chileno permite la concesión gratuita de los derechos de agua a las empresas y corporaciones,  sin costos por su mantenimiento o la tenencia del recurso, para su uso y sin exigir compensaciones por los efectos extremos y nocivos que estas concesiones causan al país. La concentración de la propiedad del agua está mayormente en el uso consuntivo en la agricultura  del sector exportador y la minería.

      Como Asociación  Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas,  ANAMURI, llamó a hacer una reflexión y balance de la situación general actual para pensar el futuro, pues “estamos viviendo una situación generalizada de desigualdades y  discriminación, violencia,  trabajo precario, acaparamiento,  y extractivismo de nuestros recursos naturales en nuestros territorios que  son claramente percibidos por las mujeres y sus respuestas pueden ser variadas de acuerdo a la ubicación geográfica en que se encuentran”.

Al cierre, la dirigente de ANAMURI llamó a reflexionar sobre las Convenciones Internacionales, como lo han estado solicitando en Chile, los movimientos por la defensa del agua,  las mujeres y las  organizaciones campesinas y de los pueblos originarios, quienes vienen exigiendo al Estado, amparados en las diferentes Convenciones Internacionales, garantizar la soberanía de los pueblos sobre el agua y los territorios. Recordó que el Valle del Huasco ha realizado innumerables marchas por el agua y la vida o que ha habido casos emblemáticos de luchas por la defensa del agua en Petorca,  a raíz del crecimiento agro industrial los campesinos no cuentan con agua para sus producciones, en Caimanes la usurpación del agua por las empresas mega-mineras y  en Alto del Maipo, la apropiación del agua por la instalación de dos centrales hidroeléctricas. Recalcó que desde su agrupación, no solo se quedaban en la crítica, sino más bien, tenían  conciencia de su rol en la construcción de una nueva sociedad

Acuerdos: Continuar realizando audiencias en esta materia, en la sesión del día martes 17 de enero en Valparaíso.

Presidió la Comisión la Senadora Adriana Muñoz (PPD). Asistieron los Senadores: Francisco Chahuán (RN), Víctor Pérez (UDI), Jorge Pizarro (DC) e Isabel Allende (PS).

También asistieron los Senadores Andrés Allamand y Alejandro Navarro.