EXPONEN ANTE LA COMISIÓN SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, AUTOCONVOCADOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y BANCO MUNDIAL

EXPONEN ANTE LA COMISIÓN SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, AUTOCONVOCADOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y BANCO MUNDIAL

PDF MINUTA SESION 16 EXPONEN ANTE LA COMISIÓN SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, AUTOCONVOCADOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y BANCO MUNDIAL

En la 28ª Sesión Ordinaria de la Comisión, expusieron su posición en relación a la reforma al Código de Aguas, la Sociedad de Nacional de Agricultura, los pueblos indígenas Autoconvocados y el representante del Banco Mundial en Chile.

Por: Ojo Con El Parlamento

Al inicio de la sesión el Presidente de la comisión, el diputado Luis Lemus (PS), le entrego la palabra a la Sociedad Nacional de Agricultura, representada por Patricio Crespo su Presidente y a Eduardo Riesco, Fiscal de la misma entidad.

Patricio Crespo, en su presentación manifestó que con respecto a la reforma tienen algunas concordancias, en relación a que se faciliten recursos a las APR y el aumento de algunas facultades fiscalizadoras de la Dirección General de Aguas, como también en el aumento de las Patentes por no uso del agua.

En cuanto a lo que no comparten mencionó principalmente las limitaciones a los derechos de aprovechamiento, al igual que aquellas indicaciones que tienen problemas de inconstitucionalidad, como por ejemplo que los derechos sean concesiones y no sean un derecho real. En relación a los antiguos derechos no se pueden limitar sino se reforma la constitución y no se realiza un pago por la expropiación.

Por otra parte indicó que no se pueden caducar los derechos y a su vez que rechazaban la  propuesta en cuanto a la regulación de los derechos, ya que muchos ciudadanos han postergado el trámite por su valor. También manifestó que el proyecto afectaba directamente el patrimonio.

Terminada la exposición del Presidente de la SNA, realizo su exposición el Fiscal de la institución Eduardo Riesco, quien planteó que en el proyecto de ley se tocan tanto los derechos de agua nuevos como los viejos.

En relación a los aspectos jurídicos del proyecto el Fiscal de la SNA indicó lo siguiente:

  1. a) La transformación de un derecho real de dominio pleno en una concesión administrativa del Estado, constituía cambio en lo jurídico y práctico, ya que implicaba pasar directamente del ámbito del derecho privado al del derecho público administrativo en el cual la Administración lleva la voz cantante y al privado sólo le queda someterse, por lo cual el proyecto plantea la “nacionalización o “estatización de todas las aguas y de su uso.
  2. b) el proyecto implica la carencia de certeza jurídica y la pérdida de un bien valioso incorporado al patrimonio como un activo productivo.
  3. c) En relación a los derechos actualmente existentes señaló que el artículo 1º transitorio del proyecto, constituye un juego o más bien una burla, cuando señala que ellos “seguirán estando vigentes”, frase completamente vacía en sí misma pero, cuyo real alcance está expresado a continuación cuando se señala: “Sin perjuicio de lo anterior, el ejercicio de dichos derechos estarán sometidos a las limitaciones y restricciones que, en virtud de esta ley se imponen en razón del interés público.”
  4. d) en relación a las restricciones y limitaciones que contiene el proyecto y la desproporcionada ampliación de las facultades de la DGA, concluyeron que todos los derechos de aprovechamiento entrarán en un nuevo esquema y que no habrá diferencia alguna entre los derecho de aprovechamiento de aguas anteriores y posteriores a esta ley.

Con respecto a los aspectos de constitucionalidad, la SNA indicó que se generaban dos caminos uno de ellos relacionados con la creación de una nueva figura de derecho de aprovechamiento sobre el cual no habrá derecho de propiedad, y por ende, no habrá permanencia ni intangibilidad, quedando en la categoría de una concesión administrativa altamente precaria.

Y un segundo camino en el cual se encuentra la apariencia de mantener los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos con anterioridad a la reforma, quedan éstos, como se ha demostrado, sometidos a todas las restricciones, limitaciones y regulaciones que se establecen en el proyecto para los nuevos derechos, es decir, desnaturalizados en su esencia.

En conclusión Eduardo Riesco, manifestó que al proyecto de ley que reforma el Código de Aguas, adolece de vicios de inconstitucionalidad en su esencia, indicando que para llevarla a cabo era necesario también una reforma constitucional que cubra todos los ámbitos de la protección a los derechos constitucionales de las personas para que resulte posible una regulación vía ley simple, haciendo hincapié en que no bastaría la modificación constitucional frente a la existencia de derechos adquiridos por todos los actuales dueños titulares de derechos de aprovechamiento, amparados por el mismo artículo 19º Nº 24 de la Carta Fundamental.

Finalmente señaló que ante una eventual “nacionalización” “estatización” o extinción por ley de la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas actualmente existentes, sea bajo la dictación de una ley común, sea bajo una reforma constitucional, deberá indemnizarse a los propietarios en conformidad con las normas constitucionales y legales vigentes sobre expropiaciones.

Discusión Parlamentaria

En respuesta a lo expuesto por los personeros del SNA, la abogada de la DGA, Tatiana Celume, indicó que el proyecto tenia por objeto realzar el agua como bien nacional de uso público, con el fin de limitar el derecho de aprovechamiento, para hacer prevalecer la prioridad al consumo humano, sobre todos los usos productivos, recalcando que la limitación de estos derechos era de carácter provisorio. Lo anterior debido a que existen regiones en donde no existe agua, manifestando que alrededor de 100 comunas se les reparte el agua con camiones aljibes, situación que se genera al estas las aguas solo entregadas al mercado, señalando que con estas nuevas facultades se va en la línea de hacer prevalecer derecho humano.

El abogado del Ministerio de Obras Públicas, Zarko Luksic, manifestó que era necesario volver del régimen propietarista a un régimen público, ya que los derechos de propiedad sobre el agua son el uso, goce y disposición. Efectivamente se entrega una concesión administrativa pero es necesario decir que ese derecho se va a entregar a través de una concesión que es un derecho más limitado, y esto es lógico porque es un bien nacional de uso público que además se entrega de forma gratuita. En relación a la inconstitucionalidad, indicó que esto no es tal, ya que la limitación se  basa en la función social que está por sobre el derecho de propiedad. Por último manifestó que inscribir los derechos de agua es algo mínimo, con el fin de limitar la propiedad del derecho y tener la información necesaria sobre ello.

El diputado Sergio Gahona (UDI), indicó que efectivamente se está entregando el agua en camiones aljibes, pero ello era por la falta de infraestructura. Solicitó también al ejecutivo que aclarara la prelación establecida en el proyecto de ley.

La diputada Andrea Molina (UDI), preguntó al ejecutivo el cómo se iba a abordar la falta de información en relación al incompleto catastro de los derechos de agua que posee la DGA, ya que si se va a poner énfasis en regular el mercado, es necesario que ello se fiscalice. Por ultimo consultó sobre el plazo que se daría para que se inscriban los derechos que no regularizados.

Zarko Luksic, índico que la prelación está enfocada solamente al derecho humano al agua. Por su parte la abogada, Tatiana Celume, manifestó que la materialización del derecho se hace a través de algo transitorio, una cantidad de agua controlada, la cual está reglamentada.

Finalizada la discusión en relación a la presentación de la Sociedad Nacional de Agricultura se dio paso a la presentación de los pueblos indígenas Autoconvocados, a través de sus representantes Sandra Huentemilla, Marisol Hito y Verónica Figueroa.

Al inicio Sandra Huentemilla, indicó que el proyecto de reforma al Código de Aguas, afectaba directamente a los pueblos originarios, por lo tanto debía contar con una consulta indígena, la que no se había realizado, ya que esta debe ser previa, libre e informada, decisión que ha tomado el Estado con respecto a otros proyectos de ley que los ha afectado.

A su vez manifestó que el derecho consuetudinario implica que los pueblos originarios, tienen sus propias leyes, costumbres, cultura, por lo tanto lo que ha ocurrido en Chile es la imposición de la ley occidental,  lo que ha conllevado a que no se les respete su derecho.

En relación al marco de derechos de los pueblos indígenas, señaló que estos son abundantes, nombrando entre ellos el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, el Pacto internacional de derechos económicos sociales culturales, la declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas entre otros más y el Convenio 169, que es piedra angular sobre la consulta y participación.

También planteó que la consulta no se está realizando de buena fe, como tampoco se está cumpliendo en la participación efectiva ante las decisiones consultadas.

En relación al artículo 5° de la reforma, señaló que no todas las aguas en cualquiera de sus estados pueden ser catalogados como bienes nacionales de uso público, ya que las aguas correspondiente a pueblos indígenas están protegidas por otras normas. Indicaron que si el ejecutivo no permite la concesión de agua sobre los glaciares en la misma línea debiese proteger las aguas en los territorios indígenas.

En relación a las funciones del agua  indicaron que la moción de los diputados daba un paso más allá de lo que fue el ejecutivo, ya que se reconocía en la moción parlamentaria la íntima relación entre el agua y la tierra.

A su vez Sandra Huentemilla señaló que los pueblos indígenas, están excluidos por la reforma, indicando que debiese existir un sistema que regule las aguas de los pueblos originarios, y derechos ancestrales. Planteó el no estar de acuerdo con la eliminación del artículo 2° transitorio, ya que dicho artículo ha permitido la regularización de aguas en comunidades indígenas.

Verónica Figueroa representante del pueblo Aymara, indicó el no comprender por qué se separó el agua de la tierra, ya que desde la cosmovisión de su pueblo el agua es parte de un ciclo vital integrado.

Manifestó que en la región de Arica y Parinacota poseen muchas cuencas compartidas, por lo tanto mencionó que ese punto no se destaca en la reforma. En relación a las áreas protegidas en las cuales se encuentran comunidades indígenas se aposto a la protección legal de dicho territorio ante las empresas extractivas, lo que finalmente resultó ser un riesgo, ya que el Estado ha permitido que estas entren en los territorios.

Por otra parte menciono que la reforma no se preocupa de las aguas medicinales, vulnera la convención Ramsar, la de biodiversidad biológica y los derechos delos pueblos indígenas.

La representante de Rapa Nui, Marisol Hito, señaló que en la isla tienen muchos problemas en relación a los recursos hídricos, esto porque el agua dulce se obtiene del agua lluvia. El desafío lo tienen además por el elevado número de población flotante que fluye en la isla por el turismo, lo que genera un aumento en la el consumo del agua y la contaminación de las mismas en las napas subterráneas. Lo anterior ha generado que la población tenga que consumir agua embotellada, para evitar las enfermedades que se producen por su consumo.

A su vez manifestó que los problemas con los recursos hídricos han estado presentes por alrededor de 15 años. Señaló que el 85% de la población tiene pozo negro, ya que no se cuenta con la infraestructura de alcantarillado, por lo tanto la contaminación es por los desechos humanos. El agua para consumo es obtenida por bombeo de agua de napas subterráneas y no ha habido control estatal, el único saneamiento es el cloro, y por lo tanto la población está permanentemente enferma del estómago, cólicos, etc.

Por ultimo señaló que en la isla hay una alta tasa de cáncer al estómago reiterado por varios expertos. Lo que ha conllevado a creer que es el agua contaminada.

Finalizada la presentación de las representantes de los pueblos indígenas Autoconvocados, se dio paso a escuchar al representante del Banco Mundial en Chile, Javier Zuleta quien planteó los siguientes diagnósticos con respecto al agua en Chile, planteados por dicha entidad.

Indicó que el Estado de la gestión de los recursos hídricos es el siguiente:

  • La escasez hídrica en la parte norte y central del país donde reside la mayor parte de la población y tienen lugar las principales actividades económicas es creciente. En estas zonas, la mayor parte del agua superficial ya está asignada y se observan indicaciones claras de problemas de sobre-explotación en acuíferos.
  • Al mismo tiempo, se está limitando la disponibilidad de agua por descenso de su calidad en algunas cuencas y por efecto del cambio climático, los que añaden estrés adicional, especialmente en las cuencas pobres en agua.
  • Según los planes de desarrollo de los diversos sectores, la demanda de agua continuará creciendo de manera importante, especialmente en las zonas ya afectadas por la variabilidad climática exacerbada por el cambio climático.
  • La intensidad y frecuencia de las inundaciones y sequías están aumentando.
  • Necesidad de mejorar la GRH de manera que se pueda satisfacer la demanda de agua de una economía creciente, se pueda mitigar los impactos de la sequía e inundaciones y se pueda proteger los DAA de los grupos vulnerables y los requerimientos del medio ambiente y de sus servicios asociados.

Finalmente el representante del Banco Mundial, expresó que las principales recomendaciones de la entidad como resultado del diagnóstico arrojo lo siguiente:

  1. Proteger mejor los derechos de agua de los grupos vulnerables y los requerimientos hídricos del medio ambiente.
  2. Mantener la seguridad hidráulica de los derechos de agua (vincular la realidad hídrica a los DAA existentes).
  3. Mejorar los mercados de agua (Carencia de información de mercado/falta de transparencia, Informalidad del mercado/prevalencia de las negociaciones bilaterales, flujos de retorno e impactos sobre terceros, transacciones sobre el valor nominal y no el volumen real utilizado).
  4. Hacer la gestión del agua subterránea más sostenible. La sostenibilidad de varios acuíferos está en riesgo porque los DAA otorgados exceden la capacidad de explotación.
  5. Profundización en las medidas ya tomadas para asegurar la calidad del agua (mejorar normas, control y fiscalización)
  6. Fortalecer a la DGA (Autoridad, Autonomía, Presencia local, Presupuesto y Personal)
  7. Fortalecer las organizaciones de usuarios (fortalecer las Juntas de Vigilancia y revisar roles y responsabilidades).
  8. Mejorar la coordinación intra e inter sectorialmente, integrar la gestión de cuenca y fomentar la participación de grupos interesados.
  9. Mejorar la resolución de conflictos.
  10. Mejorar el sistema de información (sistema del CPA, estructura, reglamento, funciones)

Asistieron a la Comisión: Andrea Molina (UDI), Jorge Rathgeb (RN), Pedro Álvarez-Salamanca (UDI), Sergio Gahona (UDI), Luis Lemus (PS), Daniel Núñez (PC), Yasna Provoste (DC), Gaspar Rivas (I), Raúl Saldívar (PS), Matías Walker (DC).