FENAPRU Y CHILE SUSTENTABLE SE REFIEREN A LA REFORMA DEL CÓDIGO DE AGUAS

FENAPRU Y CHILE SUSTENTABLE SE REFIEREN A LA REFORMA DEL CÓDIGO DE AGUAS

PDF MINUTA 11 FENAPRU Y CHILE SUSTENTABLE SE REFIEREN A LA REFORMA DEL CÓDIGO DE AGUAS

En la 22ª Sesión especial, expusieron en la comisión la Federación Nacional de Agua Potable Rural y Chile Sustentable quienes valoraron la reforma al Código de Aguas, pero haciendo hincapié en que los cambios son insuficientes en relación a la problemática que se vive en la actualidad. 

Al inicio de la sesión el Presidente de la Comisión el diputado Luis Lemus (PS), le cedió la palabra a la Presidenta de la Federación Nacional de Agua Potable Rural, quien expuso sobre la reforma destacando los siguientes puntos.

Al inicio de la sesión el Presidente de la Comisión el diputado Luis Lemus (PS), le cedió la palabra a la Presidenta de la Federación Nacional de Agua Potable Rural, quien expuso sobre la reforma destacando los siguientes puntos.

La presidenta de la Federación Nacional de Agua Potable Rural (Fenapru), Gloria Alvarado, indicó que la cuestión central a debatir es como garantizar el acceso al agua potable a la población, cuestión que hasta el momento no es cierta. En tal sentido, señaló que el código de aguas de 1981 no representa los deseos del sector, e hizo presente que en todas las zonas urbanas las empresas sanitarias están a cargo del agua potable, y hoy están mirando las zonas rurales como lugar de expansión.

Hoy los sobre 1.630 sistemas de Agua Potable Rural (APR) tienen un gran apoyo del Programa de APR del Ministerio de Obras Públicas (MOP), pero no tienen marco regulatorio, cuestión que sí ocurre en la parte urbana. Por ello, esperaba que el proyecto de ley de Sistemas de APR (boletín 6252) solucione el problema y que garantice la continuidad del servicio con los dirigentes. A modo de síntesis, indicó que nadie está en desacuerdo con la existencia de empresas, sino que la cuestión es a costa de qué o quienes realizarán sus labores empresariales.

En cuanto a preocupaciones sobre el Código de Aguas, indicó que una de las observaciones más importantes para su sector es que no existe ninguna diferencia entre las solicitudes de derechos de aprovechamiento entre una mega empresa o una transnacional, con un pequeño servicio de APR. Así, es el mismo trámite para ambos, y las carpetas se tramitan según fecha de ingreso.

De igual manera, el Código de Aguas vigente no especifica en qué datum tomar las coordenadas para georreferenciar un pozo. En tal sentido, y teniendo presente que la mayor parte de la construcción de esas fuentes de captación son hechas con recursos del Estado, ya sean fondos regionales o sectoriales, el consultor o la constructora al no tener datos precisos trabajan en base a las coordenadas Norte y Este 56. Por lo tanto, la mayor cantidad de solicitudes que han ingresado a las Direcciones Regionales han sido denegadas por este puro hecho. Por ello, no se entiende por qué se pide este dato o por qué la reforma plantea el dato wgs84. Esa poca claridad y la ausencia de órdenes de prioridad, puede producir un significativo retraso en las respuestas de la Administración.

Otra desventaja ocurre cuando una comunidad ha sido beneficiada por un subsidio estatal para mejorar la calidad de vida de la población, instalando servicios de agua potable rural, pero el sondaje, la naciente o el pozo se ubican en un inmueble que es parte de un bien común, o municipal o de una iglesia, etc., no pudiendo obtenerse los derechos de aprovechamiento de esa fuente a favor del Comité o Cooperativa solicitante, lo que es preocupante pues una comunidad rural puede requerir el agua, y el servicio de agua potable no logra otorgar el beneficio.

En particular, tratándose del caso de instalaciones, tales como pozos o estanques sitos en un bien común, el Código de Aguas obliga que el 100% de los dueños del inmueble autoricen al servicio que está operando, comité o cooperativa, a solicitar los derechos de aprovechamiento que se están explotando, pero a veces es difícil encontrar el 100% de los dueños, por lo que se impide el poder funcionar.

En otras materias, indicó que durante el proceso de privatización del agua en Chile en las zonas urbanas, muchos derechos de aprovechamiento y terrenos donde se encuentran las instalaciones de los servicios de APR fueron incluidas por la Administración en las respectivas licitaciones. Al respecto, FENAPRU hace varios años está solicitando que esos derechos de aprovechamiento y terrenos sean devueltos a los APR, lo que aún no ha generado una respuesta de la Administración. Entendían que tales bienes se encuentran al alero de ECONSSA, y que en mayo de 2013 hubo un compromiso en consultar, de la cual aún se esperan resultados.

En cuanto a la reforma propuesta, estimaron positivo que se disponga el consumo humano y el saneamiento como usos prioritarios, tanto en el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento (art. 5° bis); que para asegurar dichos usos, se permita al Estado constituir reservas de aguas superficiales o subterráneas. (5° ter); y que para garantizar el consumo humano, se puedan constituir nuevos derechos de aprovechamiento, de modo excepcional a los comités de APR, permitiéndoles solicitar de las aguas reservadas un máximo de 12 Litros por segundo (5° quater);

De igual manera, valoraron que en caso de ser necesario reservar el recurso para la subsistencia o para fines de preservación ecosistémica, el Presidente de la República pueda denegar parcial o total las solicitudes de derechos de aprovechamiento, sean para usos consuntivos o no consuntivos, o limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento (art. 147); que se pueda autorizar la extracción de aguas superficiales y subterráneas desde cualquier punto, para reasignar agua para agua potable y saneamiento cuando se declaren zonas de escasez hídrica (art. 314).

Finalmente, que se clarifique para georreferenciación, que los puntos de captación de aguas sea en coordenadas datum WGS 84, huso 19; y que se disponga una exención al pago de patentes por no uso de las aguas a las asociaciones de APR (129 bis 9), aun cuando estimó necesario cambiar “asociaciones” por “comités o cooperativas”.

En relación a lo que estimaron negativo de la reforma es que no haya referencias a las aguas del minero, lo que significa que la minería seguirá siendo dueña de las aguas halladas dentro del territorio de su concesión sin informar a la DGA (art. 56). En tal sentido, al no limitarse los derechos de aprovechamiento otorgados, se pondría en riesgo la disponibilidad del recurso para el consumo humano (art. 6 y ss.), sobre todo teniendo en consideración el sentido de subsistencia que se persigue en la propuesta, y que si en algún momento hay algún riesgo, se tendrá que resolver de dónde se sacará el agua para satisfacer las necesidades.

En cuanto a expectativas de esta reforma, esperaban que todos los derechos de aprovechamiento que hoy día se han solicitado a nivel de país, otorgados en carácter provisional para comités y cooperativas, se les otorgue carácter permanente. Asimismo, que haya una mayor flexibilidad a la hora de solicitar derechos de aprovechamiento hacia los Servicios de Agua Potable Rural, para que no compita con otros solicitantes para usos lucrativos.

De igual manera, que los estudios hidrogeológicos que hoy día se están realizando en cada región, en sus cuencas y acuíferos, sean destinados en primer orden al consumo humano. En cuanto a medición de caudales, que se haga efectivo el sistema de medición de caudales extraídos a todos los puntos de extracción de agua, debiendo reemplazarse “podrá exigir” la medición por “deberá” (art. 68), y que la transmisión de esa información sea fiscalizada tanto en el envío como en su veracidad, pues en todo Chile hay puntos de extracción y no se ve que haya un control en la materia. Por ello, estimó necesario que se fiscalice y sancione aplicándose las multas correspondientes, exceptuando a los servicios sanitarios rurales, pues nunca un APR explotará un servicio para lucrar, sino que actúa para satisfacer el consumo humano. No hay comercialización del producto.

En cuanto a los remates de derechos de aprovechamiento, consideraron que frente al no uso y deseo de hacer un negocio con ellos, el Estado debía nacionalizarlos y otorgarlos a quien lo necesita, de acuerdo al orden de prioridades que se define en esta reforma. En cuentas, debía evitarse la comercialización. Todo lo anterior, teniendo presente el debido respeta a los derechos ancestrales de los pueblos originarios (mapuches, aymaras, atacameños, diaguitas) y a las comunidades agrícolas, que insten a la unión de derecho al agua con las tierras, y que era necesario avanzar en una reforma constitucional, pues la vigente es un obstáculo en la reforma al Código de Aguas.

Manuel Mundaca, Director de Fenapru manifestó su molestia, pues consideraba que la reforma es un maquillaje y que se requiere modificar el Código de Aguas a fondo. Consideró que el agua no les costó nada a las empresas sanitarias, más que hacer los trámites de inscripción correspondientes. Sugirió hacer un plebiscito popular sobre el tema, pues estimó que más del 80% de los votantes apoyaría nacionalizar el agua, e hizo presente que al presidente Salvador Allende “no le tembló la mano” para nacionalizar el cobre. En tal sentido, si el agua es de todos los chilenos, “se le debe meter mano” al Código de Aguas.

Señaló que con los “malditos decretos de escasez hídrica” los que tienen recursos han perforado nuevos pozos, cuando lo autorizado era sólo profundizar los pozos ya inscritos, cuestión que ha afectado el suministro a todos aquellos de menores recursos; y que diversos políticos han tenido la “desfachatez” de inscribir agua a “diestra y siniestra”, contratando a los mismos abogados para lucrar y acallar dirigentes.

Consideró que se debía rescatar el agua para Chile, y que si no se podía, se debía hacer una consulta ciudadana como en el caso uruguayo. Así, si los diputados o senadores “no se quieren quemar las manos” con los agricultores grandes, que la cuestión la decida la población en plebiscito.

Hizo presente que la modificación propuesta nada dispone sobre las comunidades agrícolas, cuestión que debía hacerse presente pues la mayor parte de la IV región se desenvuelve por la acción de tales comunidades, algunas de las cuales vienen de la época colonial. Al respecto, la comunidad agrícola que él representa tiene su origen el año 1645.

Finalmente, consideró que en cuanto a la discusión constitucional, debía volver a vincularse el agua a la tierra, pues lo contrario es nefasto para la agricultura, pues al separarse, nunca supieron los más chicos que había que inscribir las aguas, cuestión que sí sabían los grandes, y lo hicieron, y hoy todos están afectados.

Juana Beltrán Vicepresidenta de FENAPRU indicó que las comunidades indígenas se les da tierra, pero no tiene una gota de agua para poder cultivar la tierra, lo que al final de cuentas, termina en pobreza. Así, la realidad chilena no es la imagen que se proyecta en el exterior, quienes se sorprenden cuando se enteran que en Chile se vende el agua. Con todo, hizo presente que se ha confiado en la labor de los legisladores para recuperar el agua para la población.

Recordó que cuando se dieron cuenta que el agua había que inscribirla, ya las sanitarias habían inscrito los derechos. Estimó que nadie hace nada en el tema de recuperar el agua para la población, que se debía hacer historia y que la Presidenta pase a la historia. Al respecto, evocó al presidente Salvador Allende y a su decisión de nacionalizar el cobre, sin lo cual Chile no tendría la situación de bienestar que tiene hoy, pues, señaló, había una sola ley que no se podía cambiar, pero el Código de Aguas es una cuestión modificable en tanto haya voluntad política de hacerlo.

José Rivera, Secretario de Fenapru señaló que la preocupación más grande es que hasta en el sur, que llueve, se está repartiendo el agua en camiones aljibes. Estimó que era central que los derechos provisorios pasasen a permanentes, e indicó que hoy se están denegando las solicitudes de derechos. Finalmente, hizo presente que las APR no venderán el agua, sino que la entregan a los mismos chilenos, y que es necesario que las soluciones sean rápidas, pues de lo contrario la gente tendrá que irse toda a vivir a Santiago.

Discusión Parlamentaria

El diputado Pedro Alvarez Salamanca (UDI), sugirió oficiar a Corfo en el tema Econssa. Asimismo, que hagan llegar redactadas las indicaciones que estimasen pertinentes.

El diputado Sergio Gahona (UDI), señaló que podían avanzarse en partes las modificaciones al Código de Aguas. Con todo, le parecía que la propuesta del Gobierno por una parte tendría vicios de constitucionalidad, y asimismo, no aborda los problemas en su conjunto, por lo que estimó necesario estudiar alternativas para avanzar en la materia.

El diputado Luis Lemus (PS), indicó que se abrió la discusión para recibir las observaciones de las organizaciones de la sociedad civil, varias de las cuales podrían transformarse en indicaciones. Con todo, hizo presente que cada discusión tiene ciertos márgenes de acción, pues cuando se entra en profundidad en los temas, surgen inquietudes sobre la legalidad de ciertos aspectos, atendida la falta de nueva regulación constitucional. Así, la cuestión es no cruzar las fronteras, sino profundizar en todo aquello que sea posible. Con todo, recordó que la Comisión de Agricultura también conocerá el tema, y se está revisando qué posibilidades de acción se tiene para no demorar la tramitación.

La asesora legislativa DGA señaló que darle una priorización al consumo humano y saneamiento sí es una prioridad del Ejecutivo, que se refleja en la indicación sustitutiva. Sobre las aguas del minero, no hubo acuerdo en el Comité de Ministros, pero se está trabajando en una indicación en la materia, y en particular, se debe oír a los ministerios de minería y energía. En cuanto a no tocar los derechos ya otorgados, las limitaciones son tanto para lo vigente y lo nuevo, para el caso de las caducidades (12, 14 años).

Finalizada la discusión parlamentaria se dio paso a la exposición de Directora Ejecutiva de Chile Sustentable, Sara Larraín, quien hizo un recorrido histórico en las reformas al Código de Aguas de 1981, en particular aquella promulgada el año 2005; una lectura sobre el agua como cuestión de debate al interior del Congreso Nacional, y una comparación en la tramitación de la moción original con la indicación sustitutiva del Ejecutivo al proyecto en cuestión.

En tal sentido, hizo presente que aun cuando la discusión aprobada el año 2005 demoró 13 años, entre los años 2005 a 2008 ya se habían ingresado 3 mociones de modificación al Código, y hoy ya van en 20, y todas se refieren más o menos a los mismos puntos que hoy se están discutiendo. En tal sentido, el Congreso Nacional ha tratado de ir adelante en el tema, mediante la creación de Comisiones Especiales Investigadoras como la de Sequía y Usurpación de Aguas, o la permanente de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía el año 2012.

Como lectura general de la moción, señaló que esta refuerza el estatus legal de las aguas como bienes nacionales de dominio público. Fortalece las múltiples funciones del agua, siendo urgente la necesidad de reconocer las diversas funciones del agua para el abastecimiento primario, la salud, calidad de vida de las personas y la sustentabilidad ambiental, reconociendo la responsabilidad del Estado en preservar dichas funciones y fortaleciendo la política pública para que ello sea posible. Asimismo, establece prioridades de uso para los recursos hídricos, fijando condiciones al uso y aprovechamiento de las aguas; y criterios científicos para establecer los caudales ecológicos, impidiendo conceder derechos en áreas protegidas. Finalmente, exceptúa a las asociaciones de APR, campesinos e indígenas, del pago de patentes, y establece facilidades para su acceso a los recursos hídricos.

Al comparar las propuestas de nueva redacción al artículo 5/CA estimó que parte del enfoque de la moción se dirige a que las aguas tengan un sistema de concesiones de aprovechamiento y no de derechos de propiedad. Sobre el particular, el Ejecutivo tomó el tema de reforzar el carácter de bien nacional de uso público del agua, disponiendo que en función del interés público se constituirán derechos limitados a los particulares, siendo una innovación del gobierno el que no se podrán constituir derechos en glaciares.

En cuanto a las prioridades en el uso del agua, hoy en el Código de Aguas no hay priorización, por lo que si las APR quieren competir con una minera, tendrán simplemente que competir. Así, lo que hacen los nuevos arts. 5bis, ter, quater y quinquies, es reconocer las funciones de las aguas y la necesidad de su priorización, cuestión acorde a las legislaciones comparadas, donde prevale el consumo humano, la conservación ecosistémica, y luego, la lucrativa. Con todo, la indicación sustitutiva sólo recogió la función de subsistencia y saneamiento.

Al comparar la “cuestión temporal” en el art. 5bis inc. 3° de la moción, con la nueva redacción propuesta al artículo 6°, sostuvo que podría distinguirse entre actividades, pues una plantación de nogales quizás requiriese 30 años, pero una actividad hidroeléctrica podría recuperar la inversión en 10 años, pudiéndose al efecto disponer una renovación con diferentes condiciones, por lo que sugirió revisar el tema con mayor detalle.

A diferencia de los casos anteriores, en los que estimó que el Ejecutivo acogió las propuestas contenidas en la moción, estimó que las modificaciones a los artículos 129bis2, 129bis9 y 299 se acogieron parcialmente tales propuestas. Al respecto, hizo presente que en la legislación vigente no existen las zonas de reserva virgen (art. 129bis2); que mientras la moción impide la constitución de derechos de aprovechamiento en áreas protegidas del Estado, la indicación del Ejecutivo permite, se abre parte de las áreas protegidas como lugares donde se puedan constituir derechos. En cuanto al art. 129bis9, el ejecutivo sólo exceptúa del pago de patente por no uso de agua, únicamente a las asociaciones de APR. Al respecto, estimó complejo no exceptuar a las comunidades rurales, pues si en ellas un comunero no usa el agua, la usará otro comunero y la situación estaría salvada. En cuanto a la situación de las comunidades indígenas, evocó las declaraciones del MOP, en cuanto se estará a la respuesta de Mideso sobre necesidad de trámite de consulta previa.

A su vez, señaló que la indicación del Ejecutivo no acogió las materias referidas a regulación de las aguas del minero (art.56), caudal ecológico (art. 129bis1), donde la propuesta original afectaba los derechos nuevos y vigentes, pero la propuesta del Ejecutivo no acogió tal propuesta; las regulaciones orgánicas en materia de asociaciones de APR (art. 196, nuevo inciso final); y el no otorgamiento de derechos provisionales en cuencas agotadas (arts. 1°T y 2°T de la moción).

Por todo lo anterior, recomendó perfeccionar la indicación del Ejecutivo incorporando las reformas no acogidas, esto es regular las aguas del minero, los caudales ecológicos, la no constitución de derechos en áreas protegidas o en cuencas agotadas, la forma de constitución de APR y la excepción de pago patentes a comunidades agrícolas. Asimismo, instar por modificar el estatus de todas las aguas a concesiones de aprovechamiento temporal, e insistir en la urgencia de la consulta previa para facilitar el acceso de las comunidades indígenas a las aguas ancestrales, liberándolas del pago de patentes.

En relación al artículo 56º conocido como las Aguas del Minero, indicó que son aquellas que el dueño de la concesión minera encuentra en la etapa de exploración o explotación de la faena, él no está buscando agua, sino que a propósito de su actividad minera se “hallan”. El problema de esta situación es que la Autoridad hoy no tiene información sobre las aguas halladas. Si un agricultor encuentra agua, tiene que informarlo, pero un minero no tiene tal obligación. Así, si un minero encuentra agua debería informarla para que se conserve el equilibrio en los planes de manejo, de lo contrario, la Autoridad no entrega información fiable sobre las cuencas, y al obligar a la minería a solicitar derechos de aprovechamiento sobre las aguas halladas, permite mejor información de las cuencas. Al respecto, recordó un juicio entre una empresa Luksic y la DGA, donde se discutía si las aguas eran halladas o alumbradas, pues hoy las aguas alumbradas se pasan por aguas halladas, y ello es un problema para todos.

El diputado Raúl Saldívar (PS), consultó conceptualmente cual es la diferencia entre halladas y alumbradas.

La Directora de Chile Sustentable señaló que sólo los mineros pueden “hallar” agua, pues al momento de las perforaciones, sin la intención de buscar agua, se alumbra agua, pero al ocurrir sin la intención de encontrarla, se “hallan”. En tal sentido, señaló que la línea o frontera es muy tenue, lo que vuelve compleja la situación.

El diputado Luis Lemus (PS), consultó antecedentes sobre la indicación en cuanto a caudal ecológico, o cómo en la práctica se definirá.

Por último la Asesora legislativa DGA señaló que en cuanto al caudal ecológico, creado por reforma del 2005 aunque reglamentariamente ya en 1993, consiste en 20 y hasta 40% del caudal previo a 2005. Al respecto, indicó que hoy es imposible pensarlo en modo retroactivo por los problemas constitucionales que plantea. Con todo, el Ejecutivo si bien sólo mira las aguas superficiales, se está trabajando en la sustentabilidad del acuífero, lo que incorporará a las aguas subterráneas. A mayor abundamiento, indicó que la medición del caudal ecológico no se hace en relación a un derecho en particular, sino del caudal en su integridad. En cuentas, en esencia, la cuestión se refiere al caudal no otorgado, del 20%, desde el 2005.

Asistieron a la comisión: Pedro Álvarez-Salamanca (UDI), Sergio Gahona (UDI), Luís Lemus (PS), Jorge Rathgeb (RN), Raúl Saldívar (PS).