ASOCIACIÓN DE CANALISTAS DEL EMBALSE RECOLETA Y DIRIGENTES DE PEQUEÑOS CAMPESINOS EXPONEN SOBRE REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS

ASOCIACIÓN DE CANALISTAS DEL EMBALSE RECOLETA Y DIRIGENTES DE PEQUEÑOS CAMPESINOS EXPONEN SOBRE REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS

PDF MINUTA 12 ASOCIACIÓN DE CANALISTAS DEL EMBALSE RECOLETA Y DIRIGENTES DE PEQUEÑOS CAMPESINOS EXPONEN SOBRE REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS

En la 23ª Sesión ordinaria, se escucharon las exposiciones de la Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta, quienes criticaron los cambios al Código de Aguas, en cuanto a los Dirigentes Campesinos realzaron la grave e injusta situación que están viviendo, indicando que los cambios al Código debiesen ser profundos.

Al inicio de la sesión el Presidente de la Comisión el diputado Luis Lemus (PS), le cedió la palabra al presidente de la Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta manifestó que el Código de Aguas actual es un Código de Riego.

El abogado de la Asociación de Canalistas de Embalse Recoleta señaló que la práctica cotidiana con el Código de Aguas vigente permite conocer sus fortalezas y debilidades, sobre las cuales habría que estudiar modificaciones.

Sobre la concepción del agua como bien nacional de uso público, que es una cuestión sabida por los actores, y que no puede ser de otra manera, estimó que la reforma del 2005 retrotrajo la situación con conceptos que no se avienen con tal noción, tales como los artículos 142 a 147, que contemplan la subasta de los derechos y los 129bis11 a 21, que se refieren a la subasta cuando no se han pagado las patentes por no uso. Por ello, valoró la eliminación de los artículos 142 a 147, pues saca de las “leyes del mercado” a los derechos de aprovechamiento, dado que su vigencia asigna a quien tiene mayor poder económico y pueda participar en los remates.

Asimismo, estimó que faltaba la derogación de los artículos 129bis11 a 129bis21, que habilitan al remate en caso de no uso. Entendía que es importante que el código sea un todo coherente, pero consideró que hoy convive el Código de Aguas de 1981 y el del 2005, siendo el del 2005 propio de lógicas de mercado al permitir la adquisición al mejor postor.

Manifestó preocupación por los artículos que facultan a limitar los derechos de aprovechamiento. Al respecto, señaló que los agricultores están acostumbrados a las limitaciones de la naturaleza y a las de las organizaciones de usuarios, pues no se pueden pedir caudales fijos si se sabe que son variables.

En particular, consideró como la más preocupante aquella que establece la limitación, una especie de autolimitación o autocensura para el momento en que el ejercicio del derecho afecta el caudal ecológico mínimo. Compartía que la sustentabilidad no se discute, pero se puede mejorar el que sea el propio usuario quien deba determinar cómo su ejercicio se compatibiliza con tal necesidad. Así, sobre el art. 129bis1, estimó que debía hacerse a lo menos en conjunto entre la DGA con la organización de usuarios a la cual está adscrito tal usuario, pues el agricultor no tiene las capacidades ni los recursos para conocer si su ejercicio afecta el caudal ecológico.

Estimó necesario modificar el Código de Aguas en lo relativo a las normas transitorias, primero y segundo transitorio. Al respecto, si bien es cierto que los derechos son usados por agentes diferentes a quienes fueron los titulares originales, no estaban de acuerdo en eliminar los procedimientos de regularización, la que si bien se dispuso como transitoria, en realidad han operado como procedimientos permanentes y así debería reconocerse, pues la alternativa es ejercer acciones de prescripción largas y caras, que van a encarecer los costos de las organizaciones de usuarios y de la DGA, incrementándose el gasto privado y fiscal, por lo que propuso una norma permanente de regularización de los derechos de aguas, y que en ese proceso de regularización participe la DGA en su integridad a fin de defender el interés común, pero que además, se incorporen las organizaciones de usuarios, ya sea como partes o que el tribunal no pueda resolver sin antes que esas organizaciones emitan un informe en la materia.

En otra materia, destacó la necesidad de mantener la correspondencia entre la información contenida en el Registro de Aguas de la DGA y aquel de los Conservadores de Bienes Raíces, siendo necesario al respecto, que la resolución que acoja la regularización debe ordenar la cancelación de las inscripciones anteriores, pues de lo contrario, se incrementaría la cantidad de derechos de modo confuso. Sobre el particular, consideró que la situación vigente es nefasta, pues otorga un poder inmenso a los Conservadores de Bienes Raíces, que no están sujetos a ningún control.

En cuanto a los arts. 151, 163 y 171/CA, sobre traslado de derechos, estimó que en muchas situaciones se afectan a los regantes, por lo que sugirió que los traslados sean otorgados por la DGA, habiendo escuchado a las organizaciones de usuarios respectivos previamente. En relación a la aplicación de multa, estimó que para que todas las normas del Código sean aplicables, el sistema de multas debiese ser mejorado, no en cuanto a su cuantía, sino que a aquellas que se resuelven hoy no son ejecutadas, pues no hay procedimientos ciertos de ejecución, no existen plazos para impugnar las multas dispuestas, y los jueces son cautos en sancionar si no se respeta la posibilidad de oír al imputado.

Finalmente, sugirió derogar el art. 185bis/CA, incorporado el 2005. Ello, pues el sustraerse a la competencia del arbitraje forzoso, significa quitarle la autoridad y prestancia al sistema en su globalidad y se judicializa todo. Al respecto, consideró que nadie mejor que los propios regantes conocen la realidad de la administración de las aguas en sus zonas, pero no se debía entender que sean los directorios de las organizaciones de usuarios como tales los que tengan la última palabra, pues siempre se podría reclamar ante el juez de letras respectivo, pero sustraerse de la competencia de la organización sólo permitía que quienes tienen suficientes recursos puedan contratar arbitrajes alternativos.

Discusión Parlamentaria

El diputado Jorge Insunza (PPD), indicó en relación al art. 2° transitorio, que este ha sido una vía para otorgar derechos contra la opinión previa de la DGA, por lo tanto ha generado problemas graves en el sobre otorgamiento y hoy carece de sentido que mantenga su transitoriedad. Consultó si habría acuerdo en fortalecer la función social por la cual se otorga el derecho de aprovechamiento. Así, si se otorga para agricultura, que siga en agricultura sin pasar a otras actividades, y no se ocupe la triquiñuela de cambiar el punto de captación para destinarlo a los nuevos fines.

Estimó que todas esas situaciones han motivado la presente actuación legislativa, sin perjuicio de considerar razonable mantener equilibrios, que se debe evitar la discrecionalidad en la Administración, pero con mayor fortaleza de una decisión pública, que al final es colectiva, que tendrá que ser fundada en informes precisos oyendo a los actores, que vaya generando un ordenamiento en el otorgamiento de derechos, pues hoy no existe tal ordenamiento y ha generado los problemas conocidos.

La diputada Yasna Provoste (DC), señaló que la iniciativa persigue actualizar la legislación del agua, por lo que le surgen dudas sobre el alargamiento de la discusión para pedir informes de constitucionalidad. Al respecto, consultó cuales serían los vicios de constitucionalidad e indicó que cualquier diputado, si tiene dudas sobre algún aspecto, que vote en contra y por último, que acuda al Tribunal Constitucional, pues la cuestión es reconocer que este proyecto toca intereses de algunos sectores, por lo que no le parecía que se alargase la discusión aludiendo a cuestiones constitucionales.

El diputado Sergio Gahona (UDI), indicó que los intereses que tocan son de miles de agricultores de todos los tamaños. Hizo presente que se podía tener el derecho para oír, pero también se debía analizar y criticar, pues surgían dudas y prefería hacer las mejoras en los procesos y no cuando ya todo estuviera consumado. Así, le asistía todo el derecho para conocer las cuestiones constitucionales y definir si las hay o no, y si las hay, tener que modificar la constitución para lograr el objetivo. Sugirió oír a constitucionalistas, conocer el informe del Banco Mundial, a los agricultores, las eléctricas, mineras, sanitarias, a todos.

El diputado Daniel Núñez (PC), señaló que dudaba que lo planteado fuese la opinión del partido UDI, pues en todas las votaciones han pedido revisiones constitucionales.

El diputado Luis Lemus (PS) indicó que la modificación se queda corta con las necesidades totales, pero que en relación a los derechos vigentes se debía tener tranquilidad, pues la reforma apunta hacia los derechos otorgados a lo futuro. En cuentas, el régimen concesional ocurrirá sólo para los derechos que queden, si es que queda algo, tal vez en materia de aguas subterráneas.

Terminada la discusión parlamentaria se dio paso a escuchar a la Mesa Regional de Desarrollo Rural – Consejo Regional Campesino de la región de Coquimbo quienes indicaron que la situación en relación a la exposición anterior era muy distinta.

Indicaron que ellos representaban a los campesinos que tienen menos y que sufren por la falta del agua. En relación al Código de Aguas, señaló que era un “código maldito”, pues separó el agua de la tierra, por lo que se necesitaba un código de aguas democrático, discutido ampliamente y con la participación de todos los sectores sociales. En tal sentido, propusieron que las aguas sean declaradas constitucionalmente como bienes nacionales de uso público y que el Estado las asigne a particulares en derechos limitados, sin que éstos puedan ser transados en el mercado, quedando claro que el particular no es dueño ni titular sino que poseedor o usufructuario del derecho de aprovechamiento, reputándose que las aguas destinadas al uso, cultivo o beneficio de un inmueble, son inmuebles.

Asimismo, que el Estado asuma la obligación de cautelar el bien común en la distribución y uso del agua. En tal sentido, ante diversas solicitudes de derechos de aprovechamiento de una misma agua, el Estado debía concederla de acuerdo a la siguiente priorización: bebida y servicio de agua potable, uso doméstico, producción de alimentos de consumo interno, producción agrícola para mercados externos, generación de energía y otras producciones o usos.

Sobre el uso para producción de alimentos de consumo interno, consideraron que se debían conceder únicamente a los productores que justifiquen necesitarlos y en la dotación que corresponda a los terrenos que se van a regar, bajo la premisa “a igual tierra, igual agua”, y en cuanto a producción agrícola para mercados externos, generación de energía y otras producciones o usos, se debía asignar en base a proyectos en concordancia con la cantidad de bienes o servicios a producir. Con todo, el agua existente para la producción de bienes y servicios es la que quedaría después de descontar el caudal ecológico o de protección ambiental y la que se requiere para las prioridades bebida y servicio de agua potable y uso doméstico. Sobre el particular, el Estado debía asegurar agua de los embalses para el consumo humano, uso doméstico y riego campesino. Al respecto, hicieron presente que son productores cuentapropistas, que producen para consumo familiar.

Para el caso de que los privados no cumplan con los objetivos de los proyectos, el Estado debía recuperar los derechos de agua para que pueda ser reasignada. En cuentas, los derechos de aprovechamiento debían ser caducables. En relación a las aguas subterráneas que se alumbran, estimaron que debían asignarse a los dueños del suelo superficial, siempre y cuando aquellos destinen el recurso a la producción de alimentos para el autoconsumo o al mercado interno de alimentos básicos. Con todo, los derechos de aprovechamiento que se asignen en su globalidad no debían exceder la cantidad de agua superficial y subterránea existente, actual y proyectada.

Además, estimaron necesario que se constituya una sola institucionalidad pública en materia de agua, con oficinas regionales y provinciales abocadas al manejo sostenible e integral del recurso, que ejerza funciones de regulación en su distribución y uso, estudios de riesgos e impactos en los recursos hídricos y posibles soluciones, el desarrollo de tecnologías para su uso y manejo eficiente, integral y sostenible del agua, y de proyectos para el aprovechamiento del agua pluvial, incluyendo la recarga y recuperación de acuíferos y napas freáticas. Al respecto, el Estado debía hacerse cargo de la prospección y habilitación de nuevas fuentes de agua para la bebida y servicio de agua potable; uso doméstico y producción de alimentos de consumo interno, como asimismo, apoyar técnica y financieramente la inscripción de pozos y norias de los campesinos parcelarios y comunidades agrícolas e indígenas.

Al referirse al proyecto y su relación con las comunidades agrícolas, estimaron necesario que las aguas que nazcan o se alumbren en sus territorios sean directamente de derecho o uso exclusivo de tal comunidad, sin requerimiento específico de inscripción alguna, incluyendo aquí las aguas que alumbren las faenas mineras.

Asimismo, estimaron necesario que el Código de Aguas contemple lo señalado en el art. 54bis/DFL N°5, de Comunidades Agrícolas, que dispone “Declárense desafectadas de su calidad de uso público las aguas corrientes que escurran por cauces naturales, que constituyan sobrante, después de utilizados los derechos de aprovechamiento de ejercicio permanente. Constitúyase derecho de aprovechamiento sobre estas aguas a favor de las Comunidades Agrícolas que puedan beneficiarse, conforme a la distribución que hará la Dirección General de Aguas.”

Finalmente, manifestaron su compromiso a trabajar para que en Chile exista un nuevo Código de Aguas, democrático, elaborado por los ciudadanos, en el cual cada mujer y hombre de este país esté representado, y que perseverarán en ello hasta que logren tener un instrumento legal que garantice que el agua es de todos y que asegure que nadie podrá usarla si con ello atenta contra el bien común y pone en riesgo el derecho a la vida.

Lo anterior, porque consideraban que no podían renunciar a lo que dijo el pueblo. Se debía trabajar en un código ampliamente discutido, pues el vigente separó el agua de la tierra lo que fue maldito para las comunidades agrícolas. Se debía aprender a ser solidario, hay comunas donde los campesinos tienen apenas 7 lts/día, cuando debiese el Estado entregar agua en cantidad y calidad suficiente, pues el acceso al agua es un derecho humano. Sin agua no hay vida.

El representante de la Comunidad agrícola Canelilla, señaló que este problema de la sequía ha castigado a todos por parejo, pero el desastre mayor recae en los pequeños productores, porque están casi muertos. Entendía que la reforma al Código no era cosa fácil, pero que había muchos especialistas en temas hídricos para encontrar la solución al tema, que vaya en beneficio de todos los chilenos.

El Alcalde de Punitaqui señaló conocer la cuenca de la IV región, casi todos los valles, con su experiencia se da cuenta de lo que ocurrió en la región. Lo que pasa es que cuando se separó el agua de la tierra comenzaron los problemas, se comenzó a comercializar el agua, las transnacionales compraron los derechos, con los juicios perdieron los campesinos, muchos bancos hicieron su negocio. Eso duró 20 años, se consumió toda el agua que había en los acuíferos, por la sequía y por el abuso de las aguas subterráneas. Conociendo la región, no concebía que se concedieran derechos, en drenes que eran parte de la cuenca. Por eso se fueron a los cerros las plantaciones y se fueron a otro país, pues la inversión ya se recuperó y quedó el desastre.

Estimó que disponer que el agua sea un bien nacional es perfecto, pero el derecho debe ser permanente, pues es un bien que se les deja a las familias, y los derechos en las comunidades deben ser de las comunidades, y no posibles de transferir. Ahondando en lo relativo al carácter permanente de los derechos, señaló que en las herencias se deja la tierra, y la tierra sin agua no sirve. Con todo, debía impedirse que se transformen en bienes de mercado. Adhirió a que las aguas deben ser reguladas para evitar abusos. Hacía tres años que no regaba por falta de agua, y resulta que le quitarán los derechos porque no puede regar. Finalmente, consideró que debía revisarse la situación del agua en la minería, pues estaba afectando en exceso la situación de las cuencas.

La Mesa Regional de Desarrollo Rural señaló que en la indicación se propone que el agua es bien nacional de uso público. Consultó que significaba la reforma de pasar de ser dueños a ser titulares, y si acaso ante tal situación sólo se usufructuaría del agua. Indicó que el agua está agotada en Combarbala, y que se debía repartir el problema pues era tremendamente injusto como está regulada la junta de vigilancia, pues se vulneran los derechos de los pequeños regantes.

El representante de la Comunidad Agrícola Quebrada de Talca recordó que hacía 4 años había acudido a la Comisión, y ahora la situación es más crítica. Señaló la necesidad de hacer un código más democrático, donde lo hídrico sea más equitativo, y que se logre que los nuevas obras que se hagan, tengan presente a los demás regantes, por pequeños que sean. Lo vivido ha sido una calamidad para los pequeños campesinos, la situación es cada vez más compleja. Se debían controlar los cultivos, si alguien requiere muchos litros de agua se debiese pensar en la limitación para aquellas que menos agua requieren, para lograr la alimentación y que las cuencas se renueven. Si hay árboles que requieren grandes cantidades de agua, no alcanzará para todos. Finalmente, indicó que en cuanto a desalinización se debía desarrollar políticas a futuro pues peligra la alimentación de la población.

La presidenta del Sindicato de Crianceros de Coquimbo respaldó el trabajo hecho por los campesinos de la región en el congreso del agua referido, indicando que la exposición es todo lo que se quiere.

El ex presidente del Consejo Regional Campesino señaló que hablaría de Choapa, aunque vive en Los Vilos (Quilimarí). Indicó que las autoridad entienden que la situación es grave en los valles y poblados. En los Vilos se bebe agua cuando la llevan los camiones aljibes, y mientras tanto las grandes plantaciones tienen todos sus valles verdes, por lo que están de acuerdo en que el Código se revise porque ya no se puede vivir. Se les dice dramáticos, pero es que la situación es dramática, y el costo ha sido grande. Esperó que con la nueva preocupación en el código de Aguas, se tenga claro que los campesinos pobres necesitan agua.

El dirigente del Consejo (Andacollo) indicó que la mesa rural la integran municipios, funcionarios del Gore y la sociedad civil. Hizo hincapié ante los planteamientos de que los derechos ya constituidos son intocables porque son propiedad privada, que le parecía impresentable. Recordó el caso de las carreteras, donde los últimos que quedan con caminos decentes son los campesinos, y si hay que unir dos ciudades, se expropia en beneficio del bien común a fin de hacer caminos que enlacen. Ahí no existe el problema de la propiedad privada y se asume el bien común.

Señaló que hoy hay excesos de derechos de aguas, y excesos de personas que han, no sabía si profitado, pero si inscrito a destajo para hacer negocios. Se sabía hace años que cada 20 años la cantidad de agua disminuye, pero las inscripciones, suben, y cada vez los agricultores son menos, lo que debía llamar la atención, pues la disminución poblacional ha sido mayor. Ha aumentado la cantidad de hectáreas de riego, pero los campesinos son menos. Indicó que las 3 prioridades deben aplicarse hoy, pero el problema es que las cuencas ya están agotadas, ya no hay más agua que repartir, entonces con los derechos que hoy existen, al menos eso se asegure con los derechos vigentes.

El Alcalde de Canela recordó una reunión en Barrio Alto, localidad en esa comuna donde el consumo per cápita es el menor de la región, 8lt por persona. Señaló que se ha generado una competencia por el recurso, la cuenca está agotada. Evocó que la reunión convocó al sistema APR, a la concesionaria y a los canalistas, donde los canalistas no son grandes empresarios sino productores al autoconsumo quienes, oportunidad en que valoró el gesto de los campesinos, accedieron a que se priorizara el consumo de las APR y las concesionarias para abastecer los centros poblacionales.

Sobre el caudal ecológico, los canales ya no tienen agua, los árboles se secan, pero los animales no tienen donde beber. Hace 15 años que no llueve para tener reservas de agua, y si bien se discute la reforma, la escasez hídrica continúa y se agrava, donde a los alcaldes les toca distribuir el agua en volúmenes ínfimos, donde no se puede consumir para lo humano ni animal.  Señaló tener la esperanza de que se pueda legislar para dar real prioridad en el consumo del agua, pues podría haber actividades muy rentables, pero si no se asegura agua para consumo, será muy malo para toda sociedad. En tal sentido, estimó que las APR no debiesen estar comprando derechos a alto valor para poder suministrar a sus usuarios.

El Alcalde de Los Vilos señaló que después de muchos años se reactivó la Mesa Regional, los cabildos campesinos, para decir a todos lo que estaba ocurriendo. Muchos de los dirigentes fueron acusados de enriquecerse por los proyectos por el anterior director de Indap, pero siguen vistiendo y viviendo en los mismos lugares de siempre. Esa era la verdad transversal del campesinado en la III, IV y V región. Consideró necesario que se garantice el uso para bebida humana, pues en zonas mineras se puede invertir para hacer prospecciones y encuentran agua, pero Aguas del Valle no está invirtiendo para encontrar agua como las mineras. En su zona, o en Combarbalá, el agua es trasladada por camiones aljibes, y las inversiones en tranques ha sido para grandes inversiones agrícolas, mientras se requería invertir en sectores campesinos.

Discusión Parlamentaria

El diputado Jorge Insunza (PPD), señaló que la discusión será explicita, muy clara, sobre cuáles serán los intereses que son afectados, y que intereses deben ser resguardados. En tal sentido, se buscaban alternativas de regular la materia que fortalezca la priorización básica propuesta, haciendo un uso eficiente del recurso, siendo por ejemplo una de tales posibilidades el que se establezca un royalty a la actividad, donde los que tienen más agua tendrán que pagar más agua que los que menos. Así se podrá instar por una mejor regulación.

En cuanto al fortalecimiento de la DGA y de otros organismos, indicó que había un historial enorme de abuso en las peticiones y otorgamiento de derechos, cuestión que debía revisarse, sobre todo en materia de derechos de aguas subterráneas. Así, se debía sincerar que el escenario, las complejidades y desafíos que tiene el sector. En cuanto a las plantas desaladoras, habrá que ir a una regulación de mayor profundidad. La experiencia comparada es que encierra problemas jurídicos y medioambientales, pues el efecto que genera la salmuera es que el pH en la costa muta negativamente, entonces, habrá que calibrar los aspectos técnicos. Criticó la idea de que se pueda concesionar, pues debiesen ser cuestiones públicas.

El diputado Daniel Núñez (PC), señaló que cuando se planteó al MOP que esta reforma se hiciese y no quedase empantanada, surgió el tema del art. 19N°24/CPR, donde se dispuso un resguardo constitucional en relación al agua. Así, cualquier modificación profunda podría ser cuestionada constitucionalmente, y si el origen del problema sería esa reforma, los quórum de son muy altos y no estarán los votos ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado para lograr tal modificación, por lo que si se iba a pelear para cambiar los regímenes de derechos sobre las aguas, que él estimó que debía nacionalizarse, era necesario plantearlo al momento de la discusión constitucional.

Consideró que la actual constitución no es progresista en la defensa de derechos, pero sí es fuerte en la protección de la propiedad. Por ello se ha hecho un esfuerzo por enviar una propuesta, que estimó acotada e insuficiente ante lo aprobado en la moción original.

La diputada Yasna Provoste (DC), indicó necesario avanzar en esta iniciativa, que ha tenido un largo período de debate previo, aun cuando había falencias en el fortalecimiento del aparato público, pues la cuestión es fortalecer la administración del Estado, y reiteró la preocupación por el informe financiero, en cuanto no se aportan nuevos recursos. De igual manera, destacó la participación criancera, pues es un elemento que falta en la propuesta.

La Mesa Regional de Desarrollo Rural manifestó preocupación ante la exposición de algunos diputados pues parecía no haberse comprendido su planteamiento. Ello, pues los campesinos viven de la autosubsistencia, y no se entiende tal actividad, hay desconocimiento de esa forma de vida, y que no entendían cuál era el cambio propuesto, y si resultaba que la CPR impide hacer cambios, y le gustaría que le explicasen por qué no podían acudir a las plantas desaladoras, si las mineras pueden usar agua de mar a destajo y los campesinos, por qué no podían.

Señalaron que se les propuso la reforma constitucional, al código de aguas y a la educación. Pidió se les permitiese tener el sueño a ser felices, a tener mejor educación, salud y el de trabajar para ser dignos, como cuestiones fundamentales. Los viejos se mueren trabajando día a día, y hoy no pueden limpiar un pozo para la bebida humana. Estimó que podían ser aliados, pues la cuestión “no es el color del gato sino que cace ratones”, y que si los partidos tienen conflictos, la unión debiese ser la protección de la vida.

Indicaron que ellos podían ser ignorantes, carente de información, pero que lo correcto sería que un cara a cara se planteara derechamente que los problemas son de la Constitución, pues muchos fueron acribillados y se les impuso la Constitución. Entendía que se podía defender los derechos propios, pero correspondía que se les entregase lo que nunca se les había entregado.

Finalmente el diputado Luis Lemus (PS) indicó el deber de abrir la Comisión a todos los estamentos. Como se planteó en un inicio, debían venir empresarios, la Sociedad Nacional de Agricultura, y los pequeños agricultores, pues de esa diversidad esperaba que saliera una modificación. Algunas quedaron fuera por inconstitucionales, pero otras lo fueron por ausencia de decisión. Estimó que la moción original planteaba cuestiones muy necesarias, pero que no fueron recogidas por la indicación del Ejecutivo. Asimismo, que será la Presidenta de la República quien tomaría la decisión sobre la reforma constitucional, pero Chile debía sincerar la discusión.

 Asistieron a la comisión: Pedro Álvarez-Salamanca (UDI), Sergio Gahona (UDI), Jorge Insunza (PPD), Luís Lemus Aracena (PS), Andrea Molina (UDI), Daniel Núñez (PC), Yasna Provoste (DC), Jorge Rathgeb (RN), Gaspar Rivas (I), Raúl Saldívar (PS).