JUNTA DE VIGILANCIA DEL RÍO ILLAPEL, CONFEDERACIÓN DE CANALISTAS Y JUEZ DE AGUA DEL RÍO MAIPO EXPONEN SOBRE REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS

JUNTA DE VIGILANCIA DEL RÍO ILLAPEL, CONFEDERACIÓN DE CANALISTAS Y JUEZ DE AGUA DEL RÍO MAIPO EXPONEN SOBRE REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS

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En la 21ª Sesión ordinaria, la Junta de Vigilancia del Río Illapel y la Confederación de Canalistas expusieron su parecer en relación a la reforma del Código de Aguas presentada por el ejecutivo.  

Al inicio de la sesión el Presidente de la Comisión el diputado Luis Lemus (PS), le entrego la palabra al Asesor y Director de la Junta de Vigilancia del río Illapel quien señaló que abocaría su opinión frente al cambio legal desde el ámbito que le atañe a su Junta de Vigilancia.

Resumió en los siguientes puntos su opinión ante la propuesta del Ejecutivo

  1. a) Carencia de normas legales que permitan al Estado asegurar el abastecimiento del agua y dar un uso eficiente de ellas;
  2. b) Estimar que la declaración legal del agua como bien nacional de uso público es “letra muerta”, por lo que se hace necesario darle contenido sustantivo;
  3. c) Intensificar el régimen público de las aguas reforzando las facultades de la Administración en la constitución y limitación de los derechos de aprovechamiento;
  4. d) Dar cabida, proteger y priorizar la función de subsistencia en el uso del agua.

Al respecto, señaló que valoraban y secundaban el interés expresado en el proyecto de priorizar la función de subsistencia de las aguas, de manera que el agua potable tenga la máxima prioridad en la legislación. Sin embargo, teniendo presente que la cuenca del río Illapel se encuentra agotada para el otorgamiento de nuevos derechos de aprovechamiento, tanto superficiales como subterráneos, entendían que la nueva facultad de reducción temporal del ejercicio de los derechos superficiales contenida en los nuevos incisos 2° y 3° del art. 17, no se aplicaría al área de la jurisdicción de la Junta de Vigilancia del Río Illapel, dada su propia existencia legal.

Asimismo, que no comprendían la eliminación del concepto de propiedad/propietario planteado por la iniciativa. Ello, pues todos los miembros de la Junta de Vigilancia del Río lllapel son propietarios titulares de sus derechos de aguas, lo que les ha permitido pedir créditos o servirles como garantía ante los bancos, por lo que no era claro el sentido del reemplazo del concepto de dominio y dueño, por el de “titular”.

En cuanto al art. 6° bis nuevo, estimó que debía aclararse la causal de caducidad “si el titular no hace uso efectivo del recurso”, pues un regante podría argumentar que usa el recurso en riego de praderas naturales, como en la zona de Chépica. Así, estimó que incluso al interior de “niveles” o “conceptos” de uso de agua, se debía orientar y priorizar el uso de agua, y a propósito de tales decisiones aclarar cuando correspondería la caducidad por no uso, pues de lo contrario habría permanente judicialización.

En concreto, que dentro del uso del agua para la agricultura debía priorizarse el uso con fines productivos, ya fuese en praderas artificiales, frutales, flores, hortalizas o forestales, teniendo presente las características propias de cada región al respecto. Sobre el particular, indicó que en la Unión Europea se priorizan los cultivos y define a cuáles si y a cuales no se les puede dar agua, y ello se monitorea satelitalmente, para verificar el cumplimiento de los períodos de gracia y plazos definidos para los diversos usos.

En cuanto al art. 147 quáter, señaló que les preocupaba y veían contradictoria la facultad de otorgar derechos de aguas aún más allá de la disponibilidad existente, pues se ha señalado que uno de los problemas vigentes es el sobre otorgamiento de derechos de aguas y, con esta norma se agudizaría ese problema, por lo que solicitó aclarar ese aspecto. En relación al art. 314, estimó peligroso eliminar la obligación estatal de indemnizar al dueño de un derecho, cuando se le disminuyen y redistribuyen las aguas con fines de consumo humano, ya que afecta en esencia un derecho de propiedad, y podría estimarse inconstitucional.

La derogación del art. 5° transitorio, que permite la regularización de derechos de aguas expropiados por la ex Cora la consideró preocupante, pues en Illapel aún existen predios cuyos derechos de aguas fueron expropiados y no se han regularizado, y que de prosperar tal iniciativa, se podría provocar un daño muy grande a la agricultura.

En cuanto al art. 2° transitorio propuesto, estimó que el plazo era perjudicial y que antes de tomar una medida tan drástica se debía hacer un masivo proceso de ordenamiento de los derechos de agua no inscrito.

Finalmente, a modo de síntesis, indicó que el proyecto de ley tiene buenas intenciones, pero con herramientas de dudosa constitucionalidad y de difícil aplicación, por lo que resultaba necesario mayor estudio para lograr una reforma que disponga un Código de Aguas moderno y definitivo. Además, el proyecto no se pronunciaba sobre fortalecimiento de las organizaciones de usuarios, no existiendo ni una sola norma en tal sentido, siendo que tales organizaciones cumplían un rol público al asegurar la distribución del agua para la bebida, agricultura e industria. Por todo lo anterior, concluyó, existe acuerdo en materia de priorización, sin perjuicio de lo cual debía ahondarse en la materia y, además, tener claro bajo qué criterios operará la perdida de los derechos de aprovechamiento.

Finalizada la exposición del Director de la Junta de Vigilancia del Río Illapel, se dio paso a la exposición del Presidente de la Confederación de Canalistas de Chile quien al inicio de su exposición indicó que la envergadura del tema es tan grande, que las repercusiones que tendrá en la vida social y económica de Chile hacen imposible hacer un análisis de las indicaciones en un tiempo breve, por lo que se restringiría a los aspectos más urgentes.

Manifestó que la Confederación es una organización gremial nacida en 1946, que agrupa a los que libremente quieran asociarse a ella y que sean usuarios de agua, ya sea individual o colectivamente. Las organizaciones de usuarios en Chile son las principales, las juntas de vigilancia, las asociaciones de canalistas y comunidades de agua, que distribuyen las aguas que reciben de la junta en todo el canal; luego las comunidades de agua subterráneas, las que están llamadas a convivir en el acuífero, el hábitat de las aguas subterráneas.

Estimó que el proyecto nada dice sobre las organizaciones, que son quienes sustentan el agua en el país, esto porque son estas organizaciones las que se ocupan todos los días, todo el día, sin gasto para el Estado, de la administración del agua. Señaló estar de acuerdo en lo planteado por el Asesor y Director de la Junta de Vigilancia del río Illapel.

En cuanto a las motivaciones para modificar la ley, manifestó si los cambios a realizar realmente resolvían los problemas que actualmente se tienen con el agua.

Sobre asegurar el abastecimiento de agua para el consumo humano, ello no se contrapone con el resto de los usos, es un problema de convivencia dentro de una cuenca hidrográfica. El agua potable no es más del 7% total del agua requerida. No existe una pugna en la materia, a menos que se busque a crear tal pugna, pues la convivencia siempre ha sido abasteciendo a unos y otros.

Indicó que Chile se caracteriza en el ámbito americano por ser de los más avanzados en el tratamiento del agua, lo que significa que si una empresa entrega sus aguas las entrega tratadas para que se puedan reutilizar. Un 70% es reutilizable en agricultura, debidamente tratado. Sobre déficit de recarga por sobre otorgamiento, estimó que es un tema que “pega bien” en la opinión pública, pues daría cuenta de una maldad, pero desde el manejo, gestión y leyes de los códigos vigentes, el sobre otorgamiento no se puede producir. Ello, pues hay dos clases derechos, consuntivos en lo superficie y subterráneos.

Sobre el déficit de recarga, consideró que hay un error de concepto al regular el agua subterránea con independencia del agua superficial, pues lo subterráneo depende de lo superficial. La recarga depende básicamente de la eficiencia con que se usan los derechos de aguas superficiales. En el lecho, en los canales y en el predio, pero si se hace un uso eficiente del agua, las napas se irán “para abajo” y la mayoría de los derechos permitirán que ocurra la recarga.

Manifestó que el art. 5° transitorio es crucial, pues aun entendiendo que la DGA no está de acuerdo, significa que los parceleros del sector reformado no tendrán derecho al derecho de aprovechamiento, y los efectos negativos de ello no logran ser compensados. Si ya es claro quiénes son los usuarios y los tenedores de los derechos, se puede mejorar pero no eliminar la situación, pues nadie puede hacer el trámite en 6 meses, y la DGA tarda bastante en el despacho de una petición de derechos.

En respuesta Director General de Aguas señaló que el articulado de la indicación debe ser el objeto de la reflexión. En tal sentido, recordó que la propuesta impone el plazo de un año para presentar las solicitudes, no así a que estas deban estar resueltas, sin perjuicio de que puede ser tema de discusión si acaso será tiempo suficiente. Sobre los derechos vigentes, señaló que el sistema opera sobre la base de derechos ya otorgados, que existen, y en la propuesta no hay disposiciones que signifiquen que vayan a dejar de existir. Pero que efectivamente hay dos puntos de caducidad para los casos que no hayan hecho las obras, y por definición las asociaciones de canalistas las han hecho desde la época de la Colonia.

Sobre el art. 62, indicó que no se ha aplicado porque no se tiene atribuciones para hacerlo, pues se actúa a denuncia de un tercero que se siente afectado. La cuestión propuesta es que la Administración pueda actuar de oficio en resguardo del acuífero.

El presidente de la Confederación de Canalistas de Chile al referirse al tema de los plazos, indicó que las causas reales por las que la gente no podrá inscribir ni en uno ni en cinco años, es porque está el problema del perfeccionamiento de los títulos que deben expresarse en litros por segundo y en su calidad, si acaso continuo, permanente, etc., pero en el sector reformado no se indican las características de los derechos. Así, el Conservador de Bienes Raíces (CBR) nunca inscribirá porque hay instrucción expresa en la materia, por lo que la organización de usuarios debería demandar al Estado para lograr la regularización, pero ello parece innecesario si el derecho se tiene desde hace 50 años.

Refirió, en cuanto a la existencia de las junta de vigilancias, que hay un documento del Banco Mundial que informa que existen sólo 15 juntas de vigilancia en Chile, dato cuestionable pues es conocido que son muchísimas más pero sólo 15 integran el registro oficial de la DGA, y si las demás existen, operan y no están inscritas en ese registro, es porque el trámite de inscripción es un “vía crucis”.

Terminada la exposición del Presidente de la Confederación de Canalista, se dio paso a escuchar al Juez de Aguas del Río Maipo, quien en su exposición indicó el Código de Aguas es una herramienta de intenso uso en lo cotidiano, que le ha permitido trabajar sin problemas o inconvenientes, siendo la normativa capaz de resolver casi el 100% de los problemas que se plantean hoy. Por ello, discrepa de las motivaciones planteadas, pues se pueden resolver por las autoridades públicas o privadas y poner en práctica.

Recordó la última gran modificación al Código de Aguas de 2005, cuya discusión duró 13 años. En ella trabajó durante 6 años. Estimó que la cuestión es no enredar la legislación, sino facilitar las cosas. Refirió que la agricultura en el río Maipo ha crecido fuertemente bajo el imperio de la ley vigente, y que el agua potable de la región Metropolitana ha crecido bajo el imperio de esta ley, no siendo un impedimento, sino una herramienta útil.

En cuanto a priorizaciones, estimó que deben existir y que, de hecho, existe, pues la autoridad hoy puede priorizar, pues si bien cuando sobra agua no hay problema, cuando hay sequía sirve el art. 314/CA, que faculta a la Autoridad a declarar la escasez e intervenir los ríos. Así, el Aconcagua ha sido intervenido y se ha priorizado el agua potable de las ciudades. En cuanto al agua potable y saneamiento, recordó que ello fue declarado derecho humano por Naciones Unidas. Al respecto, Chile se encuentra en una posición privilegiada por lo que no es necesaria tanta la urgencia en la materia, pues en sectores urbanos se estima el 99,9% en cubrimiento y otros dicen 100%. En sectores rurales aglomerados la cobertura es del 99%, pero en los sectores menos aglomerados sería del 55%, unas 137.000 personas, por lo que no es un problema grave, pero que se debe abordar, y que en caso de emergencia no se requiere recurrir a la autoridad, basta construir un pozo, según el art. 56/CA.

Por todo lo anterior, estimó conveniente hacer una revisión exhaustiva en la materia con información real, para así sacar un resultado cierto, y en cuanto a la caducidad de los derechos nuevos, se debía ser cuidadoso, porque en la agricultura o saneamiento, igual para el caso de los no consuntivos, se requieren inversiones muy importantes que devendrían en inciertas con tales caducidades. Con todo, si las personas están realmente usando sus derechos, no deberían tener problema, pero su inclusión desvaloriza el derecho de aprovechamiento.

En respuesta al Juez de Aguas del rio Maipo, el Director General de Aguas acotó que no se está discutiendo la idea de legislar, por lo que no corresponde decidir si conviene o no modificar el Código. La cuestión es abocarse al proyecto y, en particular, a la indicación propuesta por el Ejecutivo. Compartió que Chile es un país avanzado en el acceso al agua en materia urbana, pero si 100 comunas fueron abastecidas por camiones aljibes este año, es un país que debe hacerse cargo del tema, pues existen serios problemas para el saneamiento, como asimismo hacerse cargo de sus obligaciones internacionales, como la de que el agua es un derecho humano.

El juez de aguas del rio Maipo señaló que los camiones aljibes no son problema de legislación sino de invertir en la infraestructura correspondiente. Si la autoridad quiere abordar el tema y evitar los camiones aljibes, debió invertirse con antelación en obras de infraestructura. Sobre la responsabilidad del Estado en la creación de infraestructura, hay carencia normativa en regulación de cuencas. En algunos casos se requieren obras menores, que no son razones para modificar la normativa vigente.

Por último el Director General de Aguas indicó que en el presente año habrá otros dos proyectos de ley, estimando en diciembre para materia de glaciares, trabajado en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Entre diciembre y enero habrá una indicación sustitutiva al proyecto de sanciones al mal uso del recurso, hoy en el Senado. Además señaló que habrá otras tres iniciativas. Una de ellas es sobre organizaciones de usuarios, donde interesa oír la opinión de los interesados con antelación, pues tienen experiencia en la materia. Finalmente, habrá una reforma a la institucionalidad en materia hídrica, pues debe tenerse presente la asimetría en la distribución del agua a nivel nacional. Si se quiere ser eficiente con las mismas herramientas en un país tan heterogéneo, no resulta.

Asistieron a la comisión: Cristina Girardi (PPD), Sergio Gahona (UDI), Jorge Insunza (PPD), Luís Lemus (PS), Andrea Molina (UDI), Jorge Rathgeb (RN), Gaspar Rivas (I), Raúl Saldivar Auger (PS), Matías Walker (DC).