SOCIEDAD AGRÌCOLA DEL NORTE Y JUNTA DE VIGILANCIA DEL LIMARÍ EXPONEN SOBRE REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS

SOCIEDAD AGRÌCOLA DEL NORTE Y JUNTA DE VIGILANCIA DEL LIMARÍ EXPONEN SOBRE REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS

PDF MINUTA SOCIEDAD AGRÌCOLA DEL NORTE Y JUNTA DE VIGILANCIA DEL LIMARÍ EXPONEN SOBRE REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS

 

Fecha:

15/10/2014

PDF:  Minuta 19º Comision de Recursos Hidricos Partida Reforma CA Junta 15 Oct.pdf

 

En la 19ª Sesión ordinaria, expuso la Sociedad Agrícola del Norte quienes se refirieron a la reforma del Código de Aguas ingresada por el ejecutivo al Congreso. 

Al inicio de la sesión, el diputado Luis Lemus (PS), Presidente de la Comisión, le entrego la palabra a la Presidenta de la Sociedad Agrícola del Nortequien señalo que la situación hídrica que se vive en la zona norte es diferente a la del resto del país, por lo cual esperaba al menos que la ley tuviese alguna claridad con respecto a problemas regionales.

Manifestó que deben tomarse medidas para proteger la agricultura. Indicó que la Sociedad Agrícola del Norte representa a agricultores de las provincias de Elqui, Limarí y Choapa con un 48% de la superficie cultivada de la Región, con más de 100 años de historia, y que posee un equipo de profesionales que trabajan en el departamento de estudios, proyectos de eficiencia hídrica, programa de reconversión agrícola y planes de capacitación para el sector, articulando la demanda por sequía de las organizaciones de usuarios del agua de Elqui, Limarí y Choapa, respetando su autonomía y alta calidad de los dirigentes de organizaciones de usuarios del agua.

Valoró los anuncios de $10.000MM de pesos para enfrentar la sequía por parte de la Presidenta de la República, pues el daño proyectado por impacto de la sequía se resume en pérdida de superficie agrícola plantada 40%; disminución de superficie cultivada con hortalizas (45%); pérdida de 8.000 empleos impactando en alza de tasa de desocupación regional, concentrada en la Provincia de Limarí; cesación de pagos de 400 PYMES agrícolas; y aumento de la pobreza rural.

En relación al proyecto de ley ingresado por el ejecutivo señaló que en materia de priorización de uso del agua, el orden debía ser consumo humano – producción de alimentos – industria; se debía fortalecer la DGA con personal y atribuciones adecuadas para fiscalizar; y que las aguas superficiales y subterráneas debían ser tratadas como ecosistema común.

Asimismo, sostuvo que la certeza jurídica de la propiedad de los derechos de aprovechamiento es fundamental para no impactar aún más en la agricultura productiva. En cuanto a la gestión integrada de cuencas, manifestó que esta debiese otorgar un equilibrio al ecosistema, entendía que la demanda productiva supero a la oferta disponible. En tal sentido, ante el problema de cómo lograr un manejo sustentable del recurso hídrico manteniendo certeza jurídica, estimó adecuado que se debían limitar los derechos de aprovechamiento de aguas en función del uso original para lo cual fueron entregados, pues era una buena noticia para la agricultura.

Respaldó el concebir el agua como derecho humano y la necesidad de garantizar su uso, pero respecto de los artículos transitorios, estimó que se debía realizar un estudio exhaustivo del impacto de una medida de este tipo, pues si hay derechos provisionales otorgados que desequilibraron cuencas se debía restringir uso, pero suspenderlos o revocarlos tendrá un fuerte impacto en la actividad. Por la misma razón se requería un estudio exhaustivo de la regulación de las concesiones de derechos de aguas.

Valoró el esfuerzo legal, intelectual y político desplegado en la materia, pero reiteró que se debía evaluar el impacto de las propuestas en términos sociales, económicos y culturales, pues si bien se estarían llevando a cabo planes estratégicos para acuicultura y turismo, en la zona se necesita innovar en los planes de recurso hídricos y energía, en cuanto ejes de reconversión y productividad regional.

Finalmente, consideró que para la adecuada tramitación de esta modificación al Código de Aguas era imprescindible un trabajo pre – legislativo con las organizaciones de usuarios del agua., que han dado garantías suficientes de profesionalismo, seriedad y compromiso social; y que la propuesta gubernamental sobre leyes en materia de descentralización es una buena noticia para quienes viven en regiones, y estimó que la agricultura es la herramienta más eficiente hoy en día que tiene el país para descentralizar.

Discusión Parlamentaria

El diputado Sergio Gahona (UDI), solicito profundizar en algunas materias, tales como el fortalecimiento de la DGA, por cuanto el informe financiero señaló que la modificación al Código de Agua no significará mayor gasto. Estimó que lo vigente no es falta de atribuciones, sino de funcionarios, por lo que consultó como entendían el fortalecimiento a la DGA, si acaso con más fiscalizadores u otras ideas.

La diputada Cristina Girardi (PPD), consultó sobre la priorización planteada. Ello, pues en la indicación sustitutiva sólo se plantea consumo humano y saneamiento. Recordó que el proyecto señaló que “cuesta cero” al erario fiscal, pero todos estimaron que requiere mayor financiamiento para lograr sus objetivos. Sobre el particular, pregunto sobre cuáles eran en su parecer las funciones que la DGA no ejercía por falta de recursos.

La diputada Yasna Provoste (DC), señaló que fue un tema planteado anteriormente el aspecto financiero, pues el informe financiero planteaba que no arrogaba gastos, pero al revisar el proyecto saltaba a la vista que hay disposiciones que plantean dudas si acaso se tienen los funcionarios suficientes para cumplir esos plazos y funciones (cita nuevo artículo 5°quater). Asimismo, recordó el informe del Banco Mundial que relata la carencia de funcionarios para cumplir sus objetivos vigentes, por lo que solicitó acudir a la Comisión mixta para incrementar los recursos de DGA para una mayor dotación de recursos humanos que dé garantía que no será letra muerta el proyecto, pues al menos en Atacama los funcionarios DGA son muy reducidos, y cabe consultarse si acaso se podrán cumplir los plazos que dispone la ley, precisamente por falta de dotación.

En relación a las dudas planteadas por los diputados, el Director General de Aguas señaló que hay dos asuntos que son similares y que conviene diferenciar. Sobre las funciones DGA con la dotación actual y si acaso puede o no desarrollar adecuadamente sus funciones, sería propio del informe del Banco Mundial. Ese informe señala que faltan 105 funcionarios, tanto de fiscalización como en gestión. El período de tramitación de los expedientes en DGA son 2,5 años. Otra cosa distinta es que diversos proyectos dispongan nuevas funciones, cuestión que no ocurre con este proyecto de ley. Así, cada vez que hay una denuncia se constituye DGA en terreno en un plazo de 30 días, y las remuneraciones de los funcionarios también dependen del cumplimiento de este tipo de metas.

Entre las dimensiones propuestas en la indicación sustitutiva no se crean nuevas funciones ni departamentos, pero si hay otras iniciativas que sí requerirán mayores recursos e informes financieros que así lo dispongan.

Por su parte la Presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte, señaló que hay muchas indicaciones de la reforma que van a requerir personal, y la consulta es quién será el que resuelva, si resulta que hoy no hay funcionarios para fiscalizar lo que ocurre en los valles. Las zonas son extensas, y dos personas son insuficientes para recorrer el territorio.

En cuanto a priorizar, la producción de alimentos es “somos lo que somos”, cómo reconvertirse es de un costo inabordable, por ello estimó que debe priorizarse la actividad agrícola, pues sería garantizar una fuente de trabajo. Quizás en el futuro deba reconvertirse todos, pero ello requerirá tiempo. La reconversión se ha planteado hacia el tema fotovoltaico, pero hoy no está la posibilidad, pues está pedido el subsuelo por una empresa australiana. Así, hay cuestiones especiales y específicas de la zona que deben ser tenidas en cuenta.

Estimó que debe incrementarse la dotación DGA en un número muy importante para enfrentar los robos, poder actuar en la zona y no tener que acudir a Santiago para enfrentar los problemas. Las necesidades son urgentes.

El Vicepresidente de la Sociedad Agrícola del Norte, señaló que lo principal es tener presente el contexto general de la zona. Recordó las declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores sobre que en la expo Milán el principal exponente de Chile será promoverlo como una potencia agroalimentaria, lo que hace necesario entender la vida agrícola. La vida rural es una cadena virtuosa donde subsisten grandes, medianos y pequeños empresarios. Así, con responsabilidad lo que se quiere es ayudar para que el Código de Aguas logre apoyar el desarrollo de la agricultura del país.

En cuanto a la priorización, estimó que claramente el consumo humano debe prevalecer, pero la agricultura requiere estar es segundo lugar pues la alimentación y la cultura agrícola deben ser protegidas. Además, estimó que la producción de alimentos será un tema de suma importancia al futuro; y sobre certeza jurídica en cuanto al carácter temporal de las concesiones, hizo presente que determinados proyectos requieren más de 30 años de ejercicio. Así, hay parrones cuyo horizonte productivo son 50 años, por lo que 30 podría ser insuficiente.

Terminada la exposición de la Sociedad Agrícola del Norte, se dio paso a la exposición del Presidente de la Junta Vigilancia del río Limarí, quien valoró que el agua sea considerada un bien nacional de uso público, y recordó que la forma de distribuir el agua en Chile no ha mutado mayormente durante muchos años, sino en siglos. El detalle de sus observaciones al proyecto es el siguiente:

Al art. 5, consideró que el agua de mar debería comenzar a ser regulada, para evitar que cualquiera pueda sacar agua desde el mar para desalinizar.

Al art. 5bis, valoró la priorización, pero estimó que en cuanto al consumo humano no es necesario el otorgamiento de derechos, pues es una cuestión dinámica, y bastaría que los habitantes tengan derecho al consumo de agua con cuotas establecidas, donde participen los municipios y otras organizaciones sociales que puedan determinar la cantidad a repartir, teniendo presente, por ejemplo, la cantidad de población y cantidad de arranques.

Al art. 5 quáter, estimó que el derecho no debe dársele a la APR o a la sanitaria, sino a las personas.

Al art. 6, estimó necesario eliminar el inciso segundo propuesto al art. 6, pues sólo llama a la confusión. Asimismo, que debía volverse al sistema antiguo en cuanto al plazo para comenzar a ejercer el derecho, pues para pedir el derecho se debía justificar concretamente. Así, el derecho está adscrito a un inmueble, y es el inmueble el que cada vez que cambia de titular, conserva los derechos. Al respecto, señaló que hoy Servicio de Impuestos Internos no sabe quién tiene terrenos de riego pues, si bien el Código flexibilizó la materia, hoy crea más problemas que beneficios. Asimismo, estimó que el plazo de 30 años dispuesto sería motivo de conflicto permanente, por lo que debían hacerse cambios prácticos

Al separarse el agua de la tierra, la gente plantó más de lo que podía, y surgieron problemas a los que se ha comenzado a buscar soluciones. La más fácil es drenar las zonas bajas de los valles, y aun cuando no quería polemizar con DGA, estimó necesario que los organismos públicos tengan políticas previas y no soluciones dependientes de cada funcionario, pues en ocasiones termina ocurriendo que un “pozo somero es un dren”. Se deben reforzar las atribuciones de la DGA y tener políticas comunes y no dependientes de cada funcionario.

En relación al art. 17, sugirió eliminar los incisos propuestos, pues podrían llamar a confusión al permitir interpretaciones tales como que hacer un drenaje es una obra de drenaje que podría servir para constituir una comunidad de aguas.

En cuanto al art. 20, sugirió revisar la redacción vigente, como asimismo, eliminar el texto propuesto al inciso segundo, pues una forma de forma de eludir la ley las limitaciones al acceso es precisamente acudir al art. 20, pues se solicitan derechos arguyendo que tales cauces naturales se otorgan por tratarse de derechos en vertientes. Así se constituyen derechos a favor de empresas de 40lt/s a 50-80 mts. del río, lo que vulnera el espíritu del Código, pues ello estaba pensado para las grandes propiedades de secano, y no a las que hoy se están viviendo.

Por su parte en cuanto al art. 62, manifestó que la redacción propuesta en cuanto alude a la afectación de la sustentabilidad como criterio de actuación para la DGA, significará que ese Servicio terminará mandando a hacer estudios para resolver, cuando la cuestión es que se requieren soluciones inmediatas, por lo que parecía una redacción inconveniente.

Se refirió también al art. 67 consultando por qué se decidió que el plazo de 5 se aumentase a 15 años, cuál es el fundamento de la modificación.

En cuanto al art. 119, indicó que es necesario que las inscripciones de derechos de aguas expliciten cuáles serán los inmuebles que se beneficiarán con tales derechos y en relación al art. 129bis2, señaló que la norma vigente nunca ha sido puesta en práctica. Relató que cuando se han hecho denuncias de pozos someros, en que se extrae agua en plena sequía, la DGA contesta a las denuncias que no hay estudios que hayan determinado hasta donde llega el cauce del río, siendo que la cuestión está delimitada por las “más altas crecidas”.

En relación al art. 189, señaló que en tribunales se requiere acompañar los “antecedentes” cuando no se tienen títulos, y en los valles hay casos de sucesiones hereditarias sucesivas que pueden remontarse, en la zona, hasta el año 1928. Tales complicaciones han originado que la mayoría de las regularizaciones se hayan logrado con financiamiento público.

Con respecto al art. 299, manifestó que denunciar parecía raro como función de la DGA, pues ella es la que recibe denuncias, por lo que esa redacción merecía una explicación más lata y en cuanto al art. 307bis: Señaló que exigir dispositivos de medición no tiene mucho sentido, porque cada canal debe tener dispositivos de mediciones y resulta que si la DGA quiere la información, basta con que aplique el código vigente y pida la información.

En relación al art. 314, estimó que es claro que el consumo humano y domestico es prioridad, pero consideró más adecuado sincerar la situación y disponer que el decreto presidencial tenga la vigencia que sea necesaria, esto es, mientras perviva la situación que lo justifica, y no temporal como ha sido hasta ahora. Sobre la indemnización fiscal, estimó que ello no debería proceder únicamente cuando la menor cantidad de agua recibida se deba por haberse destinado a consumo humano y saneamiento, pues la alternativa podría generar beneficios a actividades económicas que podrían entrar en disputa entre sí.

Manifestó que en cuanto al art. 2 transitorio del proyecto este debiese ser eliminado, por cuanto sólo judicializaría la situación entre los usuarios de derechos de aguas.

Finalmente, a modo de resumen indicó como fortalezas del proyecto, el que ratifica la condición de bien nacional de uso público de aguas, y prioriza usos, especialmente para consumo humano. En cuanto a debilidades, no incorpora aguas marítimas, no existe concordancia con artículo el 4°, manteniendo separación de inscripción de aguas, deja libre el cambio de uso y de destino, no mejora artículos relacionados a derrames y drenajes y no fortalece claramente atribuciones de la DGA y/o Juntas de Vigilancia.

Asistieron a la comisión: Cristina Girardi (PPD), Sergio Gahona (UDI), Jorge Insunza (PPD), Luís Lemus (PS), Andrea Molina (UDI), Yasna Provoste (DC), Jorge Rathgeb (RN), Gaspar Rivas (I), Raúl Saldívar (PS), Matías Walker (DC).