GOBIERNO PRESENTA ANTE COMISIÓN PROYECTO DE LEY QUE REFORMA EL CÓDIGO DE AGUAS

GOBIERNO PRESENTA ANTE COMISIÓN PROYECTO DE LEY QUE REFORMA EL CÓDIGO DE AGUAS

PDF MINUTA GOBIERNO PRESENTA ANTE COMISIÓN PROYECTO DE LEY QUE REFORMA EL CÓDIGO DE AGUAS

 

En la 18ª Sesión ordinaria, el Ministro de Obras Públicas, explicó ante la comisión la reforma al Código de Aguas ingresada al Congreso, indicando que la reforma presentada era un poco más amplia que la moción parlamentaria que la comisión venía trabajando, pero que conservaba su espíritu inicial. 

Al comienzo de la sesión el Presidente de la Comisión, Luis Lemus (PS), le entrego la palabra al Ministro de Obras Públicas quien expuso la reciente reforma al Código de Aguas presentada al Congreso.

El Ministro indicó que el proyecto de ley ingresado sustituye íntegramente la moción que venían trabajando los parlamentarios, pero a su vez integran parte importante del proyecto e indicaciones en la materia, como también los diálogos ocurridos durante los últimos meses.

En relación al contexto, señaló que el Código de Aguas de 1981 se hizo para un país distinto, uno en el que ya no estamos, y que habiendo pasado más de treinta años desde su dictación, conserva una finalidad mayoritariamente productiva, esto es, de eficiencia económica, al propugnar que los derechos de aprovechamiento sean asignados a su uso de mayor valor sin considerar otros usos relacionados con la función ecosistémica o que integran la función de subsistencia, como el consumo humano y el saneamiento; y que por su evidente connotación social, quedan fuera de toda lógica de mercado.

Estimó que es eso, precisamente, lo que el Estado debe revisar para acudir a velar por su promoción y resguardo, pues Chile enfrenta el fenómeno de la sequía que ha venido para quedarse. Se ha puesto de manifiesto el anacronismo que impera en el sistema normativo actual que regulan las aguas, al querer la Administración adoptar las medidas necesarias para poder asegurar el abastecimiento de agua para el consumo humano y el saneamiento.

A ello se suma al problema de la recarga y comportamiento de los acuíferos frente a las actuales condiciones de explotación, siendo un deber no sólo tomar conciencia de este hecho, sino también crear las herramientas necesarias para velar por la sustentabilidad de los acuíferos. En relación con los demás países de la OCDE, indicó que Chile se encuentra muy atrasado en la adopción de las normas necesarias para enfrentar esta realidad y que permitan al Estado asegurar el abastecimiento de agua a la población, a la vez que darle un uso eficiente de las mismas.

Recordó que desde los albores de nuestra legislación codificada, o al menos desde la dictación del Código Civil en 1855, se ha considerado que las aguas son bienes nacionales de uso público, pero que esa declaración resulta letra muerta, por lo que es necesario dotarla de un contenido sustantivo.

Por todo lo anterior, la regulación de los recursos hídricos requiere de un cambio que intensifique el régimen público de las aguas reforzando las facultades de la Administración en la constitución y limitación de los derechos de aprovechamiento, dando cabida, protegiendo y priorizando los usos de la función de subsistencia.

En cuanto al trabajo desarrollado durante el presente gobierno, recordó que el Ejecutivo nombró un Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos el 28 marzo 2014, para avanzar en la búsqueda de soluciones a la escasez de agua en el país y proponer alternativas normativas o institucionales. Con él, según indicó, se ha trabajado en permanente contacto.

Asimismo, se ha creado un Comité de Ministros del Agua en Abril de 2014, coordinado por el Ministro de Obras Públicas, integrado por los ministros de Energía, Minería, Agricultura y Medio Ambiente, además del Delegado Presidencial, el que ha contado durante la discusión prelegislativa con la presencia del Director General de Aguas. Paralelamente, se ha efectuado una ronda interministerial, en la que se han recogido las principales preocupaciones de los distintos sectores.

Por su parte, señaló, tanto con la Cámara de Diputados como el Senado se ha realizado trabajo en la materia. Así, con la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación bajo el formato de un Comité, se sostuvieron importantes y clarificadoras reuniones de trabajo que alimentaron la propuesta del Ejecutivo.

En cuanto al proyecto señaló que las principales modificaciones introducidas a la legislación son  las siguientes:

  1. a) Se intensifica el carácter de bien nacional de uso público de las aguas.
  2. b) Priorización de la función de subsistencia.
  3. c) Protección de ciertas áreas de importancia ambiental y patrimonial.
  4. d) Fortalecimiento de las atribuciones de la Dirección General de Aguas.
  5. e) Mayor efectividad en el cobro de la patente por no uso de las aguas.
  6. f) Resguardo de actuales titulares de derechos de aprovechamiento.

Al respecto, señaló que se propone, en el articulado transitorio, el reconocimiento a la vigencia de los derechos ya constituidos y, a su respecto, se otorga un plazo para su inscripción en el Registro de Propiedad de Aguas de los respectivos Conservadores de Bienes Raíces.

De igual manera, la derogación de la regularización de usos sobre la corriente natural registrados en Junta Vigilancias (Art. 115 C.A); mayores restricciones para la regularización de derechos en las comunidades de aguas (Art. 189 CA); limitaciones de plazo para someterse al procedimiento de regularización contemplado en el artículo 2° Transitorio del CA; y la derogación de la posibilidad de regularizar derechos de predios CORA por SAG (5° Transitorio).

Finalmente, en cuanto a la procedencia de la consulta indígena, señaló que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2°, 7° y 13° del Decreto Supremo N° 66 de 2013, que regula el Procedimiento de Consulta Indígena establecido en el Convenio N° 169 de la OIT, el Ministerio de Obras Públicas prevé que algunas materias sobre las que se pretende presentar una futura indicación, pueden eventualmente afectar directamente a los pueblos indígenas en los términos del referido Reglamento.

La primera de esas materias se refiere a una propuesta de iniciativa del Ejecutivo que consiste en el establecimiento de un marco de protección a los derechos de aprovechamiento de aguas ubicados en territorios indígenas, para beneficio de sus comunidades y destinados para sus usos ancestrales; y al beneficio de mantener vigente sólo para las personas y las comunidades indígenas el procedimiento de regularización actualmente vigente en el artículo 2° Transitorio del Código de Aguas. Lo anterior, en consideración a que en la presente indicación sustitutiva del Ejecutivo se propone derogar el referido artículo transitorio del Código, el cual hasta hoy puede ser ejercido por cualquier persona.

La segunda materia se refiere a una propuesta de la iniciativa relativa a eximir del pago de la patente por no uso de las aguas a que aluden los artículos 129 bis 4, 129 bis 5 y 129 bis 6 del Código de Aguas, los derechos de aprovechamiento pertenecientes a indígenas y comunidades indígenas, entendiendo por tales los regulados en el artículo 5° del Código y aquellos considerados en los artículos 2° y 9° de la ley N° 19.253, respectivamente. Ante tal situación, con fecha 2 de octubre de 2014, la Dirección General de Obras Públicas remitió el Oficio N° 1102 a la Subsecretaría de Servicios Sociales, a efectos de solicitar un informe de procedencia de consulta indígena sobre las materias señaladas anteriormente, cuya respuesta se encuentra pendiente.

Discusión Parlamentaria

El diputado Luis Lemus (PS), consultó sobre los aspectos reglamentarios de haberse ingresado una indicación sustitutiva total. Asimismo, sobre los aspectos de derecho de aprovechamiento de glaciares, caudal ecológico, y aguas del minero.

La diputada Yasna Provoste (DC), valoró el ingreso de las indicaciones, pues ejecutan en la materia el programa presidencial. Con todo, consultó cuanto tiempo debería pasar para lograr una transformación profunda, pues con lo propuesto se corrigen deficiencias, pero no se corrige el fondo, que es discutir si el agua debe transarse en el mercado. Así, consultó cuanto tiempo debería pasar para acabar con esa situación. Señaló que la indicación excluye artículos relevantes (art. 56 y 129bis) que habían sido propuestos por los integrantes de la Comisión, esto es, aguas del minero y la declaración de caudales ecológicos. Si resulta que en la indicación no se recogen y ya estaban aprobados, además indicó sobre cuál era el destino de aquellos artículos ya aprobados. De igual manera, consultó sobre los aspectos de la consulta indígena que se llevaría a cabo en la materia.

La diputada Cristina Girardi (PPD), manifestó su preocupación en relación a porque se había sustituido todo el texto, teniendo presente que se había trabajado por más de un año, que el Ejecutivo había pedido plazo para estudiar el proyecto e ingresar indicaciones, y daría la impresión que todo el proyecto analizado por la Comisión era reprobable y por ello era mejor cambiarlo. Asimismo, consultó qué materias no “les hacían ningún sentido” perseverar en el presente proyecto, y sobre las cosas que se eliminaron. Entendía que había materias que habían sido recogidas, como el aspecto de no constituir derechos de aprovechamiento sobre glaciares; pero también ocurrió una discusión sobre las aguas del minero, donde se había propuesto que no estaría.

En relación al artículo 129 bis y las APR, consultó porque no se incluía a las comunidades indígenas, y si acaso era para no adentrarse en el tema de la consulta indígena. Asimismo, porque se eliminó a los humedales como zonas de protección. En cuanto a la “no transferencia”, consultó por qué se permitía la transferencia en los demás casos, pues esa era la interpretación “a contrario”. Entendía que de esta manera se persevera en el carácter mercantil del derecho de aprovechamiento de aguas.

Finalmente, en relación a la caducidad de los derechos le parecieron excesivos los diversos plazos, y en particular aquel que permite caducar. Ello, por las necesidades de agua que tiene la población y la urgencia en el actuar que ello motiva.

La diputada Andrea Molina (UDI), valoró el ingreso de las indicaciones, para así continuar con el proyecto de ley. Estimó que lo más importante es proteger a los más vinculados a la tierra, aquellos que han hecho toda su vida alrededor de la tierra. Consideró que faltaba una indicación relativa a las cuencas declaradas agotadas en superficie, por lo que, quizás habría que plantear una indicación en esa línea. Así, la cuestión es conocer cuando fueron declaradas agotadas, a quienes se otorgaron, a fin de judicializar a todo aquel que se le haya dado indebidamente tales derechos. Ello es importante para todos los habitantes de cuencas agotadas, teniendo presente que tales situaciones pueden repetirse, y se tendría como antecedente que en Petorca.

El Ministro de Obras Públicas señaló que se prefirió la sustitución porque era el sistema más simple, pues aquellas materias en que se desea perseverar, los diputados ingresarían las indicaciones de su interés. Sobre las comunidades indígenas, se prefirió separar para que aquello se vaya a consulta indígena y no obstaculizar el despacho de este proyecto.

En cuanto a por qué algunas cosas no están, señaló que algunas lo fueron por desacuerdo, y otras, por falta de convicción. En particular, en prelación se prefirió colocar sólo el consumo humano para simplificar la prelación, pues si se disponían varias, la complejizaban. Además, eso facilita la actuación de la DGA.

Sobre las transferencias, la lógica de mercado debe supeditarse a la lógica de bien público, pero ello no implica eliminar completamente todas las herramientas de un mercado regulado. Así, realizar una transacción para cambio de cuencas debe contar con validación de DGA, pero si alguien vende un predio, es comprensible que pueda vender sus derechos de aprovechamiento sin aprobación de la Administración.

En cuanto a glaciares, señaló que se presentaría un proyecto de ley en la materia, liderado por ministerio del Medio Ambiente. Sin perjuicio de ello, una indicación dispone expresamente que no podrá constituirse derechos de aprovechamiento sobre glaciares.

La diputada Cristina Girardi (PPD), consultó sobre porque se eliminó la regulación de las aguas del minero. Entendía que había materias que podían obviarse, pero eso fue una determinación concreta.

El diputado Jorge Insunza (PPD), valoró el ingreso de las indicaciones. Preguntó si habría oportunidad para agregar nuevas indicaciones. Asimismo, consultó sobre el artículo segundo transitorio en cuanto si habría plazo en la materia. Finalmente, indicó que asociaciones de regantes han planteado cómo resolver el problema del manejo integrado de cuenca, pues en zonas críticas parece ser una cuestión apremiante.

La diputada Yasna Provoste (DC), reiteró su petición sobre el calendario de la consulta indígena. Asimismo, recordó que se había planteado el fortalecimiento de la DGA con nuevas atribuciones, pero no parecía lógico que esas nuevas competencias no implicase nuevos o mayores recursos, pues el informe financiero indicaba que las indicaciones no tenían impacto fiscal.

El Ministro de Obras Públicas indicó que la misma discusión sobre el texto en sí se dio durante el trabajo prelegislativo. En cuanto a las cosas que no están, estimó que lo propuesto era la mejor opción. Así, la prelación sólo para el consumo humano. En cuanto a lo demás, ha habido falta de convicción en adoptar nuevas regulaciones. Sobre las aguas del minero ellas lo son sólo durante la faena, y además ello debió cumplir con trámite de aprobación ambiental.

Por ultimo en relación al informe financiero, más allá de las estrecheces financieras de todo servicio, las facultades de la DGA son facultades jurídicas que más allá de las estrecheces, son abordables sin nuevos costos.

El diputado Luis Lemus (PS), señaló que la discusión sobre la reforma al Código ingresada por el ejecutivo comenzaría la próxima sesión, pidió que el ministerio participe permanentemente, y solicitó la remisión de futuros invitados hasta el viernes 10 de octubre, los que serían recibidos durante tres sesiones, prorrogables, y con posterioridad, comenzar la votación.

Asimismo, consultó sobre reformas complementarias en materia de agua. En particular, el tema de manejo de cuenca, la institucionalidad de aguas, usurpación de aguas, y otros.

El diputado Jorge Insunza (PPD), consultó sobre el artículo segundo transitorio, a fin de tener una exposición ordenada sobre cuáles serían todas aquellas materias que deben someterse al trámite de consulta indígena, antes de iniciar la votación. Asimismo, calendario de realizar tal consulta.

La diputada Cristina Girardi (PPD), recordó que habría un proyecto en materia de reforma constitucional al art. 19 N° 24 inciso final de la Constitución Política. Al respecto, consultó que ocurría con ello.

El Ministro de Obras Públicas señaló que en materia de consulta indígena, en la próxima sesión podría traer la minuta respectiva. En cuanto a manejo de cuencas, estimó que las nuevas facultades a la DGA serían suficientes, sin perjuicio de estar abierto a discusiones. Respecto a otros proyectos de ley, la indicación abarcó todo aquello que podían abarcar las ideas matrices. Sin perjuicio de ello, indicó que se está trabajando en paralelo en otros proyectos de ley, algunos para ingresarlos derechamente y otros, como indicaciones a algunos ya en tramitación.

Por ultimo sobre la reforma constitucional, hay voluntad pero no decisiones sobre cuándo ni el camino. Recordó que hay varias iniciativas en la materia, pero no se han adoptado decisiones al respecto.

Asistieron a la comisión: Cristina Girardi (PPD), Sergio Gahona (UDI), Jorge Insunza (PPD), Luís Lemus (PS), Andrea Molina (UDI), Yasna Provoste (DC), Jorge Rathgeb (RN), Gaspar Rivas (I), Raúl Saldívar (PS), Matías Walker (DC).